La Generalitat valenciana deja en el aire la contratación de 5.000 docentes, la inversión en infraestructuras por un importe de 1.409 millones de euros y la bajada de ratios de estudiantes por aula que ofreció durante la huelga indefinida, que ha durado 24 días y que el profesorado votó suspender el miércoles en una consulta telemática, con la advertencia de que puede reanudarse en septiembre sin necesidad de preaviso. Los sindicatos solo firmaron este jueves dos de las propuestas planteadas por el Ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca, del PP: la relativa a la simplificación de la burocracia escolar (suscrita por STEPV, CSIF, CC OO y UGT) y a la regulación del valenciano (sin apenas contenido, que solo ha suscrito CSIF). A ello hay que sumar el acuerdo de aumento salarial, de 200 euros al mes, que suscribieron tras los primeros días de la huelga ANPE y CSIF, que también es de obligado cumplimiento para la Generalitat.
La votación de los docentes limita el último acuerdo de los sindicatos y la Generalitat a una simplificación de los trámites burocráticos
La Generalitat valenciana deja en el aire la contratación de 5.000 docentes, la inversión en infraestructuras por un importe de 1.409 millones de euros y la bajada de ratios de estudiantes por aula que ofreció durante la huelga indefinida, que ha durado 24 días y que el profesorado votó suspender el miércoles en una consulta telemática, con la advertencia de que puede reanudarse en septiembre sin necesidad de preaviso. Los sindicatos solo firmaron este jueves dos de las propuestas planteadas por el Ejecutivo autonómico que preside Juanfran Pérez Llorca, del PP: la relativa a la simplificación de la burocracia escolar (suscrita por STEPV, CSIF, CC OO y UGT) y a la regulación del valenciano (sin apenas contenido, que solo ha suscrito CSIF). A ello hay que sumar el acuerdo de aumento salarial, de 200 euros al mes, que suscribieron tras los primeros días de la huelga ANPE y CSIF, que también es de obligado cumplimiento para la Generalitat.
Sobre el resto de puntos que ofreció durante el conflicto, la Consejería de Educación no se comprometió a nada este jueves. Su titular, Carmen Ortí, señaló que la negociación continuará a partir de ahora en las respectivas mesas sectoriales, aunque sin concretar si todas o al menos parte de las cuestiones se abordarán antes del verano. “Vamos a seguir negociando, se podrá poner encima de la mesa todo lo que los participantes deseen hablar, pero evidentemente también hay cuestiones de funcionamiento ordinario de esta conselleria que tenemos que preparar para el curso que viene”, declaró Ortí al término del encuentro con los sindicatos. Una portavoz de su departamento aseguró que el punto de partida de dicho diálogo en las mesas sectoriales será la última oferta que ha realizado Educación a los sindicatos.
Los resultados tangibles de la huelga son, de momento, menores que los del paro en Cataluña. Allí, el Govern llegó a finales de mayo a un preacuerdo con los sindicatos mayoritarios que incluía, entre otros puntos, la contratación de 6.413 docentes y educadores para hacer viable la inclusión de alumnado con necesidades educativas especiales (como discapacidad o trastorno del espectro autista, TEA) en los centros ordinarios, y un aumento salarial de casi 400 euros al mes. El documento fue rechazado por el profesorado en una votación organizada por USTEC y otras centrales minoritarias, pero Profesores de Secundaria, además de CC OO y UGT, sí firmaron el acuerdo, y el Departamento de Educación lo aplicará.
En el caso de la Comunidad Valenciana, la Generalitat incluyó en su última oferta, el pasado viernes, una inversión de 1.409 millones de euros, que incluye un plan de 140 millones de euros para climatizar aulas. Un aumento de plantilla de 7.742 profesores ―2.800 de los cuales se corresponden, sin embargo, según el documento de Educación, con el incremento que la Generalitat prevé que tendrá que hacer por la incorporación de nuevo alumnado al sistema, por lo que los sindicatos no lo consideran una mejora―. Y una bajada de ratios que adelantaría en algún curso el calendario previsto en el proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Educación que se tramita ahora en el Congreso. Las ratios propuestas por la Generalitat quedarían en 15 alumnos por clase como máximo en FP Básica; 22 en Infantil y Primaria; 25 en la ESO, FP de Grado Medio y Superior; 28 en Bachillerato, y 20 en la Escuela Oficial de Idiomas.
La oferta de la Generalitat se desplegaba en cuatro años. Y ese ha sido, afirma Marc Candela, portavoz del STEPV, el sindicato mayoritario en la Comunidad Valenciana, uno de los motivos que ha llevado al profesorado a rechazar en la votación la mayor parte de los puntos del acuerdo. “La gente está harta y quiere soluciones ya. La movilización continuará hasta que consigamos las mejoras que merece el sistema educativo y nuestro alumnado”, ha dicho. “La huelga ha servido para cambiar los planteamientos del inicio de la negociación”, ha añadido Xelo Valls, responsable de CC OO, en referencia a los pasos dados por la Generalitat desde principios de mayo, cuando su modesta oferta quedó retratada en una subida salarial de 75 euros.
La reunión de los sindicatos con Educación de este jueves fue seguida por una manifestación que partió de la sede de la consejería y concluyó en la plaza de la Virgen de Valencia. Entre los participantes había docentes que mantenían la moral alta, como Eva Sanchis, profesora en un centro de Educación Especial. “Esto es un parón que me deja con ganas de reunirnos, organizarnos, aprender de lo que hemos fallado y continuar hasta que consigamos aquello en lo que creemos. A partir de septiembre, a mí me gustaría que la huelga fuera dos días a la semana, y poder centrarnos esos días en los actos de protesta”, declaraba Sanchis. Mientras que otros transmitían más cabreo y un punto de desánimo, como Emili, docente en el instituto Serpis de Valencia, que ha hecho huelga todos los días: “Estoy bastante decepcionado con la respuesta de los sindicatos ante las negociaciones irrisorias de la conselleria, cuya jugada ha consistido en estirar puntos sin mucha importancia y no tocar apenas los realmente clave”.
La extenuante huelga valenciana ha implicado, a la espera de lo que pueda pasar al principio de curso, un coste de cerca de 4.000 euros para los docentes que la han hecho a diario, y una pérdida de muchas horas de clase para los estudiantes de la enseñanza pública. En el paro ha intervenido, además, un factor relativamente nuevo que ya estuvo presente en la movilización de docentes que se vivió el año pasado en Asturias y en el que se ha desarrollado en Cataluña, y es la generalización de asambleas de profesorado a escala de centro y de municipio. Unos núcleos de discusión que, según profesores que han participado en ellos, han insuflado energía a la movilización y la han hecho más participativa. Pero que, desde el punto de vista de la negociación pura y dura de los sindicatos (unas instituciones cuya principal función ha sido tradicionalmente representar a los trabajadores) con la consejería, le ha añadido complejidad.
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