Son minoritarios, pero subversivos. Enfangan el prestigio de la justicia y emponzoñan la convivencia cívica y el orden democrático. Un juez fraudulento aquí, otro falsario allá, algunos incompatibles acullá, violando su obligada independencia. Sin que el renovado Consejo General del Poder Judicial emita una alerta o abra un expediente.
El renovado Poder Judicial ni alerta ni abre un expediente a aquellos magistrados que están enfangando el prestigio de la justicia y emponzoñando la convivencia cívica
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El renovado Poder Judicial ni alerta ni abre un expediente a aquellos magistrados que están enfangando el prestigio de la justicia y emponzoñando la convivencia cívica
Son minoritarios, pero subversivos. Enfangan el prestigio de la justicia y emponzoñan la convivencia cívica y el orden democrático. Un juez fraudulento aquí, otro falsario allá, algunos incompatibles acullá, violando su obligada independencia. Sin que el renovado Consejo General del Poder Judicial emita una alerta o abra un expediente.
Práctica fraudulenta es la del juez Joaquín Aguirre. La califica así su superior jerárquico, la Audiencia de Barcelona. Le acusa de actuar “en fraude de ley” y de fundamentar sus escritos en “opiniones personales sobre el procés”. Fraude de ley, según el Código Civil (artículo 6.4) es toda maniobra que vulnere una norma legal al amparo de otra para conseguir un resultado contrario al prescrito: la deshonra de un togado. Por eso, le ordena cerrar la causa contra Carles Puigdemont abierta por su presunta participación en la “trama rusa” del separatismo.
Otro foco caliente de contaminación política de la justicia contra este sector se activa en el Tribunal Supremo. El juez Pablo Llarena se tienta la ropa antes de reiterar su siempre fracasada euroorden de detención contra el personaje, hasta que adquiera firmeza su propia negativa a acatar la ley de amnistía en cuanto al delito de malversación. Eso dependerá de la sala de recursos que encabeza Vicente Magro, casualmente antiguo senador del Partido Popular, quien no ha renunciado a intervenir, como debiera, ante su evidente conflicto de interés. Igual de recusable que su colega José Luis Requero, quien siendo ponente en la posible anulación del nombramiento del fiscal general, Álvaro García Ortiz, es sospechoso de parcialidad por haber escrito que el Tribunal Constitucional y la Fiscalía están “apesebrados” (La Razón, 21/11/2023).
Como juez falsario por antonomasia se ha consagrado Juan Carlos Peinado. No solo porque la Audiencia de Madrid le sobreseyera en noviembre un caso iniciado a instancia del partido ultra Vox contra la editorial Sanoma, a la que procesó por presuntas injurias y calumnias por —supuestamente, ¡y tanto!— calificarle como “un partido de herencia nazi”. Fue indolente y/o sectario, ya que en el texto editorial incriminado se demostró que ni siquiera había una mención al nazismo. Ni tampoco por haberse desacreditado como un veleta, tras abrir una causa contra 12 periodistas por supuesta revelación de secretos en la Operación Judas, la de los cdr acusados de terrorismo: tuvo que desdecirse sin más. Sino por perseguir a Begoña Gómez —la pareja de un tal Pedro Sánchez, el inquilino de La Moncloa— tergiversando y falseando la declaración de una testigo, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano: le atribuyó que la había contratado en el Instituto de Empresa “por ser la esposa del presidente del Gobierno”, lo que nunca dijo. El ministro Óscar López le ha acusado de “prevaricar”, el delito más grave en un juez, y curiosamente el locuaz Peinado ha encajado la acusación sin replicarla: será que lo asume.
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