El estallido político de la crisis de la vivienda ha sido repentino e imprevisible, desatado por uno de los muchos desahucios que la movilización social trata de parar. Fue el de Maricarmen, pero podría haber sido otro. La dificultad para acceder a una vivienda y la incertidumbre de poder ser expulsado de un alquiler por un precio prohibitivo son problemas tangibles, y cada vez más graves, para un espectro social creciente que excluye, obviamente, a los propietarios.
Los políticos que reduzcan la vivienda al regate partidista pueden estar jugando con fuego ante un creciente malestar social
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos
Los políticos que reduzcan la vivienda al regate partidista pueden estar jugando con fuego ante un creciente malestar social
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El estallido político de la crisis de la vivienda ha sido repentino e imprevisible, desatado por uno de los muchos desahucios que la movilización social trata de parar. Fue el de Maricarmen, pero podría haber sido otro. La dificultad para acceder a una vivienda y la incertidumbre de poder ser expulsado de un alquiler por un precio prohibitivo son problemas tangibles, y cada vez más graves, para un espectro social creciente que excluye, obviamente, a los propietarios.
No irá a mejor. Los precios (en compra y alquiler) reflejan un desequilibrio estructural entre oferta y demanda imposible de corregir en el corto plazo. Tampoco lo arreglarán ninguno de los dos decretos presentados por el Gobierno, ni era esa su aspiración. El mercado inmobiliario es extremadamente complejo y sensible. Tal y como advirtió el gobernador del Banco de España, las medidas que se adopten deben estar bien calibradas para no restringir la oferta. En este sentido, el primero de los decretos rechazados, y el único que tenía visos de salir adelante, se parecía más a un paquete de medidas de emergencia (con consecuencias, también, para los caseros) que a una intervención estructural y a gran escala en el mercado. Quizá las medidas no fueran las ideales, sino las posibles. Ni siquiera ha habido mayoría para ello.
La magnitud de la crisis de la vivienda, el reto que supone reequilibrar este mercado, exige un pacto de Estado. No solo hoy: hace ya años que debería estar sobre la mesa, implicando no solo a una mayoría parlamentaria, sino también a ayuntamientos y comunidades. El giro de Junts, rechazando el decreto después de negociarlo, refleja la miopía de buena parte de la clase política ante un problema que, este sí, está en la calle. La desidia de muchas administraciones regionales o locales ante los problemas de sus ciudadanos es igualmente reveladora. Como lo es el monótono cruce de reproches en el Parlamento vivido en la mañana del viernes. Es una incógnita si la caída de los llamados decretos Maricarmen supondrá la convocatoria de elecciones anticipadas, y si ello permitirá la adopción de medidas de uno u otro corte. Pero es bastante probable que, independientemente del calendario electoral, la política y la sociedad españolas estén en un punto de inflexión. Los políticos que piensen que la vivienda es una cuestión más dentro del regate político, rápidamente sustituida por otra polémica, pueden estar jugando con fuego. La crisis de acceso a la vivienda va a ir a más, y el mantenimiento del statu quo no parece una solución.
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