Solo una persona sabe cuándo va a ir España a elecciones generales, y los demás, sobre todo los periodistas, tratamos de adivinar sus intenciones. Es difícil discutir que la legislatura está exhausta, que no da más de sí. La opción de resistir hasta el último día no promete un final mejor. El Gobierno se sintió muy solo en el debate del miércoles, porque sus aliados van marcando cada vez más distancias en su peor momento. La pregunta que nos hacemos todos, pero solo Pedro Sánchez puede responder, es cómo poner fin a esta agonía minimizando los daños para un Gobierno acorralado por los tribunales y falto de mayoría en el Congreso. Está asumido que en esas elecciones generales, sean cuando sean, las derechas obtendrán una mayoría holgada (algunas encuestas las acercan a los 200 escaños, les sobrarían 24). Y Alberto Núñez Feijóo ya admite abiertamente que formará una coalición con Vox, lo que antes evitaba decir en vísperas electorales, aunque después siempre se entendieron allí donde sumaban.
El trámite de las cuentas, abocadas al fracaso, abre una vía a Sánchez para anticipar elecciones sin reconocer que lo hace por la corrupción. Será un proyecto con acento social y electoralista, pero no hay margen para grandes alegrías
Solo una persona sabe cuándo va a ir España a elecciones generales, y los demás, sobre todo los periodistas, tratamos de adivinar sus intenciones. Es difícil discutir que la legislatura está exhausta, que no da más de sí. La opción de resistir hasta el último día no promete un final mejor. El Gobierno se sintió muy solo en el debate del miércoles, porque sus aliados van marcando cada vez más distancias en su peor momento. La pregunta que nos hacemos todos, pero solo Pedro Sánchez puede responder, es cómo poner fin a esta agonía minimizando los daños para un Gobierno acorralado por los tribunales y falto de mayoría en el Congreso. Está asumido que en esas elecciones generales, sean cuando sean, las derechas obtendrán una mayoría holgada (algunas encuestas las acercan a los 200 escaños, les sobrarían 24). Y Alberto Núñez Feijóo ya admite abiertamente que formará una coalición con Vox, lo que antes evitaba decir en vísperas electorales, aunque después siempre se entendieron allí donde sumaban.
Entonces, ¿cómo se hace menos daño el PSOE? Cuanto menos, dicen varios alcaldes y algún líder autonómico, habría que asegurarse de que el esperado varapalo a Sánchez no se lleve por delante el escaso poder local y regional que mantiene el partido. Desde este punto de vista, si no va a haber superdomingo en mayo, con generales junto a autonómicas y municipales (Sánchez lo ha descartado expresamente a petición del PNV), sería igualmente desastroso apurar en La Moncloa hasta julio (e incluso hasta el 16 septiembre, como ha señalado Iván Redondo), y que el castigo se lo llevara primero la estructura territorial del PSOE. Dado que Sánchez ha repetido sin cesar que quiere llegar a 2027, pero ya no menciona en qué mes, la idea más extendida es que las elecciones pueden celebrarse en el primer trimestre. Final de enero, febrero o, más probable, marzo. Pero hay tantos frentes abiertos que cualquier auto, sentencia o informe de la UCO puede poner el escenario patas arriba. Sobre todo cuando sobrevuela el ambiente una posible imputación de Sánchez, que da por segura Feijóo sin aclarar si lo intuye o lo sabe.
El anuncio solemne, por Sánchez, de que el Gobierno va a tramitar los Presupuestos Generales del Estado para 2027 puede apuntar una hoja de ruta hacia esa convocatoria anticipada, en cierto modo un argumento con el que proceder de forma ordenada a la inmolación del Gobierno de coalición progresista. Por supuesto, se puede desconfiar del anuncio, porque el Ejecutivo lleva tres años incumpliendo la obligación constitucional de presentar el proyecto de cuentas antes de que empiece octubre. Pero la maquinaria ya se ha puesto en marcha. Y el ministro de Hacienda, Arcadi España, prevé seguir adelante con el proyecto incluso si el Congreso tumba el primer paso: los objetivos de estabilidad fiscal.
El Ejecutivo, por cierto, ha estado sorprendentemente cómodo sin Presupuestos todo este tiempo por tres factores: porque vino el maná europeo de los fondos de recuperación de la covid, que terminan este 2026; porque el crecimiento económico ha acompañado (el 0,6% del último trimestre es una rareza en Europa), y porque los ingresos públicos han ido bien, gracias a que la prórroga presupuestaria es una forma encubierta e indolora de subir los impuestos como el IRPF que no se deflactan (no se ajustan a la inflación) sin tener que hacer nada.
Aceptemos que sí, que esta vez se van a tramitar los Presupuestos a sabiendas de que casi con total seguridad van a ser rechazados por el Congreso. Los aliados de izquierda están enfriando su apoyo a Sánchez y uno de ellos, Podemos, es rotundo en pedir elecciones y responsabilidades por la corrupción. Y se alejan con claridad de Sánchez los nacionalismos de centro-derecha: PNV y Junts. El partido vasco está reclamando a Sánchez que convoque a las urnas antes de fin de año, pero sin tensar demasiado la cuerda, y los de Puigdemont han hecho un gesto muy hostil esta semana: proponer que Sánchez dimita y permita que se vote a otro candidato a presidente para el año que queda, como Keir Starmer en el Reino Unido. Es una idea estrambótica, porque haría falta un acuerdo de investidura con mayoría absoluta, y ya sabemos lo caros que salieron los pactos de 2023 como para repetir ese proceso ahora. Si Sánchez dimitiera, lo que él descarta por completo, quedaría Carlos Cuerpo como presidente en funciones con el mismo problema de falta de apoyos. Este jueves, además, Junts votó con PP y Vox una moción aprobada por el Congreso que reclama que Sánchez se someta a una cuestión de confianza y, en el mismo texto, que dimita sin más. En todo caso, la posición de Junts tiende a ser volátil. Mañana quizás salgan con otra idea.
Si ni siquiera al inicio de la legislatura, con los pactos frescos, fue posible sacar adelante los Presupuestos (porque la amnistía de Puigdemont se atascó), sería una gran sorpresa que Junts o Podemos consideren siquiera regalar a Sánchez una victoria política de esa magnitud a estas alturas. Así que la tramitación de los Presupuestos apunta a un fin instrumental y en cierto modo electoralista: serían el procedimiento menos traumático y más digno para disolver las Cámaras antes de fin de año, e ir a las urnas en el primer trimestre de 2027, sin tener que reconocer que eso se hace por los escándalos de corrupción. Sánchez consideraría cumplido el objetivo de llegar al último año de legislatura aunque sin agotarla del todo. El proyecto rechazado se convertiría, en cierto modo, en el programa electoral socialista.
¿Qué Presupuestos podemos esperar? Las cuentas serán moderadamente expansivas (a pesar de que seguramente ya no toca), pero hay que tener en cuenta que el margen con que se cuenta es estrecho: hay que cumplir las reglas fiscales de la UE. Compromisos como la subida de las pensiones, el salario de los funcionarios o la inversión en defensa no dejan espacio a grandes alegrías, sin contar con que los intereses de la deuda subirán al ritmo de los tipos. Las cuentas no podrán ser irreales ni irresponsables, dicen fuentes del Gobierno. Sí tendrán un fuerte componente social: además de las pensiones y los sueldos públicos, subirán las partidas para sanidad, educación y dependencia (aunque la mayor parte de ese gasto es de las comunidades); y se hará lo que se pueda con las infraestructuras. Una incógnita es si incluirán cambios relevantes en materia fiscal. Cabrían subidas tributarias a las rentas más altas y las empresas, quizás con algún alivio a las rentas medias y bajas, pero por el momento no hay pistas.
Algunos de estos números que se hacen sin la perspectiva de tener que cumplirlos serán reutilizables como eslóganes políticos. Lo que no va a pasar es que los Presupuestos sirvan para uno de sus objetivos no confesados: que cambiemos de tema. La conversación política dominante va a seguir en los próximos meses dando vueltas en torno a Zapatero y Julio Martínez; Ábalos, Koldo y Aldama; Santos Cerdán y Leire Díez; Begoña Gómez y David Sánchez. No todos los casos tienen la misma gravedad ni el mismo coste político, pero la sucesión de mazazos judiciales sería insoportable para cualquier líder, incluso para el autor del Manual de resistencia. Ha escrito Javier Cercas en El País: “Ahora mismo no resulta nada fácil de explicar fuera de España, a menos que se recurra a la teoría de la conspiración, que siga en su puesto un presidente que tiene imputados por la justicia a su esposa, a su hermano, a su última mano derecha, a su penúltima mano derecha, a la mano derecha de su penúltima mano derecha…”. Y a Zapatero, “mucho más importante que muchos ministros”.
En este tiempo de trincheras, la defensa más frecuente ante los escándalos es arrojar al rival los que son suyos. El viejo “y tú más”. Eso pasó en el Congreso el miércoles, pero solo lleva al hartazgo a los ciudadanos. Que la bancada de enfrente haya tenido casos de corrupción, tan numerosos como conocidos, no quita un gramo de gravedad a los desmanes del propio bando. Y esparcir sospechas sobre los jueces, como el futbolista que culpa al árbitro, tiene poco recorrido, aunque alguno de los togados haga méritos para ser señalado.
En otro contexto, la negociación de unos Presupuestos Generales del Estado serviría para que este país aborde de una vez el debate necesario sobre su rumbo económico, sobre sus prioridades de gasto, sobre su política fiscal, sobre su modelo de sociedad. Ese debate se nos hurtó en 2023, 2024 y 2025. De ninguna manera será posible que fructifique a estas alturas, en medio de este ruido, en esta lucha a garrotazos en el lodazal.
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