A los españoles les cuesta confiar en su sistema judicial en un momento en el que los tribunales acaparan la agenda y el debate público por la acumulación de escándalos de corrupción. Así lo pone en evidencia el estudio del Instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER monográfico sobre la Justicia. La mayoría (82%) piensa que es “demasiado lenta” y poco independiente: Solo el 32% cree que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales; el 65,4% considera que en España existe lawfare [guerra judicial] y casi un 60% opina que el poder judicial vigila y sanciona poco o nada a los jueces que hacen mal su trabajo.
Los casos que afectan al PSOE son más conocidos que los que involucran al PP. Una de cada tres personas cree que los jueces tienden a favorecer a la derecha
A los españoles les cuesta confiar en su sistema judicial en un momento en el que los tribunales acaparan la agenda y el debate público por la acumulación de escándalos de corrupción. Así lo pone en evidencia el estudio del Instituto 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER monográfico sobre la Justicia. La mayoría (82%) piensa que es “demasiado lenta” y poco independiente: Solo el 32% cree que las resoluciones sobre asuntos políticos son justas e imparciales; el 65,4% considera que en España existe lawfare [guerra judicial] y casi un 60% cree que el poder judicial vigila y sanciona poco o nada a los jueces que hacen mal su trabajo.
La encuesta (2.000 entrevistas online) se realizó entre los pasados 26 y 29 de junio; es decir, después de la declaración como imputado en la Audiencia Nacional por un posible caso de tráfico de influencias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y después de que un informe pericial tasara en 1,3 millones de euros las joyas que fueron halladas en la caja fuerte de su despacho. También incluye el sondeo la reacción ciudadana al juicio, visto ya para sentencia, contra el hermano de Pedro Sánchez por supuestas irregularidades en la adjudicación de sendas plazas por parte de la Diputación de Badajoz; a la condena a 24 años de cárcel al exministro socialista José Luis Ábalos por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, que dejó libre al corruptor, Víctor de Aldama; a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro delitos y retirarle el pasaporte como medida cautelar; al juicio del caso Kitchen, en el que la Fiscalía reclama 15 años de prisión para Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), acusado de impulsar una trama ilegal para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas con el objetivo de robarle documentos comprometedores; a la imputación de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, así como de otras 24 personas en el caso Leire Díez, nombre de la supuesta fontanera del PSOE; y al informe que reveló que Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ingresó 4,4 millones de euros de Quirón en tres años, los primeros de su noviazgo. Puede consultar todos los datos del sondeo aquí.
Mayor conocimiento de los casos que afectan al PSOE
El 64,1% de la población asegura seguir con interés los últimos casos judiciales relacionados con la política. Ese interés es mayor entre los votantes de la derecha y la extrema derecha (76,8% los del PP; 71,7% los de Vox) que en el electorado de izquierdas (69,3% en el caso de apoyos socialistas; 65,7% los de Sumar), con la excepción del votante de Podemos, que muestra un grado de interés (71,2%) similar al del electorado del partido de Santiago Abascal.
El caso Zapatero es el más conocido por la ciudadanía: un 64% de la población dice conocerlo “bien”. Un porcentaje similar, el 60,2% afirma estar informado de la condena a Ábalos y su exasesor Koldo García; le siguen la investigación a Begoña Gómez (59,9%) y el juicio a David Sánchez (51,3%). Los escándalos que afectan al PP son más desconocidos: el porcentaje de españoles que afirma conocer bien la causa contra la pareja de Ayuso baja al 48,8%; al 35% en el caso Kitchen, que empezó a juzgarse el pasado abril, 13 años después de los hechos, y al 30,1% en el caso Púnica.
Por electorados, el votante del PP es el que afirma tener un mayor grado de conocimiento de todos los casos analizados, aunque con notables diferencias entre las causas que afectan al PSOE (con porcentajes entre el 66,3% y el 73,7%) y los que aluden a su propio partido (entre el 35,8% y el 61,2%).
Análisis de las últimas decisiones judiciales
Los españoles se muestran divididos respecto a las últimas decisiones judiciales relacionadas con la política. Así, solo un 16,9% considera que la condena a Ábalos y la trama del caso Koldo [su antiguo asesor] obedece a “razones políticas o partidistas” y menos del 18% lo cree respecto al juicio al exministro Fernández Díaz por el caso Kitchen. Pero esos porcentajes escalan al 35,9% en la investigación a Begoña Gómez —casi un punto más de los que creen que sí hay “indicios jurídicos sólidos”—; y al 33,7% en el juicio a David Sánchez, si bien el porcentaje de españoles que consideran que hay indicios sólidos contra el hermano del presidente del Gobierno es casi cuatro puntos mayor: 37,4%.
Cerca del 48% ve evidencias contundentes en el juicio al exdirigente popular Francisco Granados, juzgado por el caso Púnica. En cuanto a la investigación a González Amador, novio de Díaz Ayuso, el 42% ve indicios sólidos; el 27,4% cree que detrás hay “razones políticas o partidistas” y un 22% “una mezcla de ambas cosas”. Respecto a la instrucción que afecta al expresidente Zapatero, el 40,8% ve indicios sólidos, el 26,4% razones políticas o partidistas y un 23,9% una mezcla de ambas.
Por electorados, Kitchen y Púnica, ambos vinculados al PP, son los casos que despiertan un mayor consenso sobre la existencia de indicios jurídicos sólidos, mientras que en los escándalos que afectan al PSOE, los votantes de izquierdas ven mayor motivación política, aunque con notables diferencias: el porcentaje que piensa que detrás de la investigación a la esposa de Sánchez hay razones partidistas es casi 22 puntos mayor que en el caso de Zapatero.
“Decisiones basadas en ideas políticas”
Preguntados por qué confianza le merecen algunas instituciones del Estado , la mejor valorada (6,5 de media) son las Fuerzas Armadas, seguida de la Policía y la Guardia Civil (6,3), mientras que la Administración de Justicia (4,9) y la Hacienda Pública (4,4) suspenden.
El estudio de 40dB. confirma la tendencia reflejada en sondeos europeos, como el eurobarómetro, que sitúan a España como uno de los países de la UE donde la población es más escéptica sobre la independencia de sus jueces. Así, tres cuartas partes de la población (75,5%) creen que los partidos políticos intentan influir en las decisiones de los jueces y solo un 32,2% considera que las resoluciones que estos dictan son “justas e imparciales” frente al 59,3% que opina lo contrario. El 67,1% comparte que la política se ha judicializado, ya que “cada vez más conflictos políticos acaban resolviéndose en los tribunales en lugar de en el Parlamento” y casi un 63% está muy o bastante de acuerdo con la idea de que “algunos jueces toman decisiones guiadas por sus propias ideas políticas”.
Por electorados, todos coinciden en que la política ha invadido los tribunales y que los partidos influyen en la justicia, si bien son mayoritariamente los votantes de izquierda los que creen que los jueces toman decisiones guiadas por sus propias ideas políticas. Los votantes del PP son los únicos que piensan, mayoritariamente, que las resoluciones judiciales sobre asuntos políticos son justas e imparciales —la diferencia entre los que piensan que no lo son y los que sí es de 10,4 puntos a favor de los segundos—.
De hecho, la justicia aprueba, con notas comprendidas entre el 5 y el 5,4 sobre 10, cuando la pregunta alude a la confianza en su capacidad para resolver litigios civiles entre particulares; de tipo laboral; contenciosos-administrativos; de violencia de género y procesos penales ordinarios. Pero esa nota apenas llega al 3,7 cuando se trata de fallar sobre “escándalos políticos”.
Los organismos que más desconfianza generan son la Fiscalía General del Estado (4,4 de media); el Consejo General del Poder Judicial (4,6) y el Tribunal Constitucional (4,9). Aprueban la Audiencia Nacional (5); los tribunales de justicia (5,1) y el Supremo (5,2).
Preguntados por si confían en la justicia más, igual o menos ahora que hace cinco años, casi uno de cada dos españoles (49,8%) responde que “menos”, un 40% asegura que “igual” y solo un 6,8% dice confiar ahora “más” que hace un lustro. Esa desconfianza ha crecido especialmente en el electorado de izquierdas y en particular entre los de Sumar.
Hay prácticamente un empate entre los que consideran que “la mayoría de los jueces son honestos y competentes” (46,1%) y los que opinan lo contrario (46,6%), pero el 53,3% no comparte la idea de que los magistrados apliquen la ley “de forma imparcial”; el 68% no cree que la justicia trate a todos por igual y casi el 61% considera que se deja influir por los grandes poderes económicos.
La ideología de los jueces
Una de cada tres personas (34,1%) creen que los jueces tienden a favorecer a la derecha; el 27% considera que son “imparciales” y solo un 16,3% piensa que tienden a favorecer a la izquierda.
Entre la población general la diferencia entre los que creen que hay más jueces de ideología de derechas (31,6%) que de izquierdas (11,1%) es de 20,5 puntos porcentuales a favor de la primera opción. El 21,7% considera que la ideología de los magistrados está “más o menos equilibrada” y solo un 9,8% piensa que esas ideas políticas no influyen en su trabajo.
A la vista de todo lo anterior, que se resume en una idea, la percepción mayoritaria de la falta de imparcialidad e independencia de los jueces, es mayoritaria (65,4%) la opinión de que en España existe lawfare. El 28% de la población cree que se ejerce “principalmente contra el Gobierno y los partidos de izquierdas”; el 22,6%, que “se usa por igual desde todos los ámbitos políticos” y el 14,8% (un 26% entre los jóvenes de 18 a 27 años) que lo padecen principalmente la oposición y las formaciones de derechas. Por electorados, los votantes del PP son los que en mayor medida creen que se utiliza por igual contra los dos bloques ideológicos, mientras que los del PSOE, Sumar y Podemos perciben que esa práctica la padecen especialmente el Gobierno y las formaciones de izquierda.
Falta de control
El 58% cree que el Poder Judicial vigila y sanciona “poco o nada” a los jueces que hacen mal su trabajo. Esa percepción varía sensiblemente según el electorado: el 48,2% de los votantes del PP considera que las sanciones que reciben son “muchas o bastantes”, mientras que solo lo piensa así el 29,4% de los votantes socialistas y el 13,6% de los apoyos de Sumar. Además, entre la población general, uno de cada tres españoles piensa que el Poder Judicial “protege activamente a los jueces que hacen mal su trabajo”. El pasado domingo, un miembro del CGPJ declaró a EL PAÍS: “La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial tiene el deber de representar al ciudadano frente a las conductas inadecuadas que puedan tener los jueces, pero muchos de los que están en esa comisión lo que hacen es representar a los propios jueces y sus intereses”.
En España hay unos 5.800 jueces. Según la última memoria publicada del CGPJ, su comisión disciplinaria adoptó en el un año 17 acuerdos, de los cuales archivó dos e impuso sanciones en 15 restantes: seis suspensiones de funciones de entre 20 días y cinco meses y 9 multas de entre 400 y 2.500 euros.
Reformas del sistema
El actual sistema de elección de los miembros del CGPJ le gusta solo al 13,3% de la población, pero no hay una alternativa que se imponga contundentemente sobre las otras: el 27,4% preferiría que fueran “los propios jueces” quienes eligieran a sus representantes; casi un 24% es partidario de que sean “los propios ciudadanos” quienes lo hagan y un 18,5% considera que deberían ser elegidos “por sorteo para evitar sesgos políticos”. Por electorados, solo los votantes del PP y de Vox muestran una preferencia clara por que sean los jueces quienes elijan a sus representantes, mientras que en la izquierda se aprecia una diferencia significativa entre los apoyos del partido de ese espectro ideológico que más participa en el actual sistema de reparto en la elección, el PSOE —con un 19,2% de votantes que piensa que el método vigente es “el adecuado”— y los de Sumar y Podemos —solo el 8,9% de los primeros y el 14,9% de los segundos opina que el actual sistema guarda el suficiente equilibrio—.
El 40,9% de la población cree que el actual sistema de acceso a la judicatura es bueno y “garantiza que los jueces se elijan por sus conocimientos, al margen de influencias políticas o contactos personales”, pero el 38,3% considera que ese método “no mide la verdadera capacidad para ser un buen juez y exige años de estudio que no todo el mundo puede permitirse”. Por electorados, la izquierda percibe en mayor medida que con el sistema vigente hay una barrera socioeconómica para el acceso a la carrera judicial.
Paralelamente, casi la mitad de la población es partidaria de que sigan siendo los magistrados quienes se encarguen de la investigación inicial de los procesos judiciales, frente al 33,4% que considera que deben ser los fiscales quienes asuman esa función.
El Gobierno ha impulsado sendas reformas vinculadas a estos dos ámbitos: una para modificar el acceso a la carrera judicial y otra para que sean los fiscales quienes asuman la instrucción de las causas penales. Contra esas medidas se han manifestado las asociaciones de jueces de tipo conservador.
España en EL PAÍS
