La república insular más pequeña del planeta recupera su topónimo ancestral, Naoero, pero su maltrecha economía mira hacia Camberra Leer La república insular más pequeña del planeta recupera su topónimo ancestral, Naoero, pero su maltrecha economía mira hacia Camberra Leer
Durante más de un siglo, el mundo ha conocido como Nauru a la república insular más pequeña del planeta. Ahora, su Gobierno ha decidido recuperar oficialmente su topónimo ancestral: Naoero. La decisión busca corregir una herencia colonial que comenzó en 1888, cuando el Imperio alemán rebautizó la isla con una versión más fácil de pronunciar para los europeos. Otras naciones que se encargaron de su administración, como Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda e incluso Japón, mantuvieron posteriormente esa denominación durante décadas. La remota nación del Pacífico Sur se desprende así de parte de una identidad moldeada por potencias extranjeras y adopta el nombre indígena que nunca desapareció entre sus habitantes.
La decisión llega en un momento en el que este diminuto Estado libra varias batallas a la vez: contra el cambio climático, contra una economía dependiente del exterior y contra el estigma de haberse convertido durante años en la cárcel migratoria de Australia.
Recuperar un nombre ancestral se ha convertido en una herramienta con la que numerosos estados intentan desprenderse de las huellas más visibles del colonialismo. En el Pacífico, donde buena parte de las fronteras, los topónimos y las estructuras políticas fueron impuestos por las potencias europeas, esta tendencia ha cobrado especial fuerza desde las independencias de la segunda mitad del siglo XX.
Vanuatu abandonó en 1980 el nombre colonial de Nuevas Hébridas; Tuvalu recuperó en 1978 la denominación con la que sus habitantes siempre habían identificado al archipiélago, dejando atrás el de Islas Ellice; y Kiribati hizo lo propio un año después al sustituir Islas Gilbert por el nombre indígena de la nación. Fuera del Pacífico insular, Timor Oriental adoptó oficialmente el nombre de Timor-Leste tras su independencia en 2002, reivindicando la denominación en portugués utilizada por el movimiento independentista frente a la impuesta durante la ocupación indonesia.
Con apenas 21 kilómetros cuadrados y unos 12.000 habitantes, Naoero es un paraíso marcado por las cicatrices de la explotación. Durante millones de años, las aves marinas depositaron sobre la isla enormes cantidades de guano que dieron origen a uno de los yacimientos de fosfato más ricos del planeta. La extracción y exportación de este fertilizante, esencial para la agricultura, la colocó entre las naciones con mayor renta per cápita del mundo, sólo por detrás de Arabia Saudí. La riqueza, sin embargo, fue tan extraordinaria como efímera.
Décadas de extracción dejaron el interior de la isla reducido a un paisaje infértil de agujas de piedra caliza prácticamente inhabitable. Hoy, cerca del 80% de su superficie permanece degradada, la agricultura es extremadamente limitada, hay escasez de agua dulce, su punto más alto es de 65 metros y la inmensa mayoría de la población vive concentrada en una estrecha franja costera amenazada por el aumento del nivel del mar.
La crisis climática ha colocado a Naoero entre los países más vulnerables del mundo. El Gobierno calcula que necesitará cientos de millones de dólares para reforzar la costa, trasladar infraestructuras esenciales y ganar terreno al océano. Para conseguir financiación ha recurrido a una fórmula poco habitual: ofrecer un programa de ciudadanía por inversión, las llamadas Golden Visas, que hasta diciembre de este año cuestan 90.000 USD (unos 78.000 euros), y cuyos ingresos estarán destinados, según las autoridades, a financiar proyectos de adaptación climática y reubicación a zonas más seguras. Sus defensores lo presentan como una cuestión de supervivencia; sus críticos advierten de que el país vuelve a verse obligado a vender parte de su soberanía para garantizar su futuro.
No sería la primera vez. Desde 2001, Australia convirtió a Naoero en una pieza fundamental de su política migratoria. Miles de solicitantes de asilo interceptados cuando intentaban alcanzar territorio australiano fueron enviados a un centro de procesamiento instalado en la isla. Durante más de dos décadas, informes de Naciones Unidas, Amnistía Internacional o Human Rights Watch documentaron denuncias sobre el deterioro de la salud mental de los retenidos, largas esperas de procesamiento y unas condiciones que organizaciones de derechos humanos calificaron de inhumanas. Canberra, por su parte, siempre ha defendido que el sistema era la mejor herramienta para frenar las peligrosas travesías marítimas y combatir las redes de tráfico de personas.
Para Naoero, el acuerdo también supuso una importante fuente de ingresos. Actualizado en septiembre de 2025, ambos países firmaron unpacto por el que Australia pagará hasta 2.500 millones de dólares australianos (más de 1.500 millones de euros) durante los próximos 30 años para que la isla acoja a cientos de migrantes extranjeros con antecedentes penales que no pueden ser expulsados a sus países de origen ni permanecer indefinidamente detenidos en Australia tras una sentencia del Tribunal Supremo de 2023.
La llegada del primer trasladado activó un pago inicial de 408 millones de dólares australianos (250 millones de euros) al Gobierno nauruano, además de aportaciones anuales de hasta 70 millones (43 millones de euros). El acuerdo, rodeado de un fuerte secretismo, ha sido criticado de nuevo por organizaciones de derechos humanos, que consideran que Australia vuelve a externalizar su política migratoria a uno de los países más pequeños y vulnerables del mundo.
Como ocurrió con el fosfato, la economía de Naoreo vuelve a depender de una necesidad ajena y el cambio de nombre recupera parte de una identidad que sigue estando al servicio de otros. Mientras tanto, sus habitantes afrontan una realidad mucho más urgente: cómo reconstruir una economía sostenible, cómo proteger un territorio cada vez más amenazado por el calentamiento global y la subida de los niveles del mar, y cómo dejar atrás el papel de prisión remota de Australia.
Internacional // elmundo
