Nunca había resultado tan fácil separarla palabra dela responsabilidad; el insulto ha dejado de ser una pasión para convertirse en un formato Leer Nunca había resultado tan fácil separarla palabra dela responsabilidad; el insulto ha dejado de ser una pasión para convertirse en un formato Leer
Hace unos días publiqué, en estas mismas páginas, un artículo sobre la crisis de Ceuta («Anclajes de la acción exterior«, 05/08/26) que tuvo una difusión en redes muy superior a la habitual. Junto a comentarios razonados -favorables y críticos- apareció una riada de mensajes cortos -dos o tres términos, auténtico florilegio de insultos-, así «Traidora»/»Vendida», o denigraciones de carácter sexual, «Follamoros»/»Puta»/Guarra (con ortografía clásica o versión WhatsApp «warra»), y ominosos anuncios -«Lo pagarás»/»Al paredón»-. Curiosamente, no procedían todos del mismo frente ideológico. Mientras unos me convertían en agente de Mohamed VI, otros recordaban Irak, como si la política consistiera en asignar etiquetas vejatorias. Me aburrí de expulsar a ultrajadores y calumniadores en mi ventana de X.
El episodio apenas tiene interés personal. Sí lo tiene, en cambio, el fenómeno que revela. La injuria acompaña a la vida pública desde que existe la política. Lo verdaderamente novedoso es cosa distinta: nunca había resultado tan fácil separar la palabra de la responsabilidad. No es casual que las primeras constituciones liberales concedieran tanta importancia a la publicidad del debate y a la libertad de imprenta. Nuestra Constitución de Cádiz de 1812 es un bello ejemplo de esa confianza ilustrada en que las razones pueden circular, contrastarse e incluso persuadir. La deliberación no se concibió como adorno del sistema representativo; se erigió en condición de su viabilidad. Gobernar mediante leyes significaba aceptar que la fuerza debía ceder ante el argumento y que la palabra pública obligaba tanto a quien la pronunciaba cuanto a quien la escuchaba.
Hablar tenía, pues, un coste. Quien insultaba debía hacerlo con su nombre, su rostro y su reputación. Una carta, un artículo o un discurso comprometían al autor, a quien los escribía, a quien lo pronunciaba. Incluso el panfleto anónimo requería un esfuerzo material y suponía asumir cierto riesgo. Hoy basta un teléfono móvil y una cuenta cuyo titular puede muy bien ser ficticio. La arquitectura tecnológica ha conseguido algo extraordinario: multiplicar hasta el infinito la capacidad de vociferar, de vilipendiar; mientras reduce prácticamente a cero el precio de hacerlo.
No sabemos cuántos de los avatares son proyección de personas reales, cuántos son ristras coordinadas y cuántos simples programas. Tampoco importa demasiado. La experiencia del destinatario apenas varía. Lo decisivo es que el diseño mismo de la conversación pública ha dejado de premiar el argumento para premiar el impacto. La atención se ha convertido en la moneda de cambio y el exabrupto cotiza mejor -más likes, más followers– que el razonamiento.
Quizá por eso convendría cesar de hablar únicamente de haters. La palabra describe un estado de ánimo, pero no explica un modelo de comunicación. El odio existía mucho antes de internet. Lo que las redes han transformado es su expresión y, sobre todo, la rentabilidad de hacerlo. El insulto ha dejado de ser una pasión para transfigurarse en formato. Hay perfiles cuyo único contenido consiste en producir indignación, en menoscabo de la información y el respeto. No pretenden convencer a nadie. Su éxito se mide por la reacción que provocan entre propios y extraños. Cuanto más airada, más bestia y más reiterada, mejor.
El fenómeno coincide con otro rasgo inquietante de nuestras democracias, el progresivo abandono del diálogo como método de persuasión. La política liberal nació de una convicción exigente: que los desacuerdos podían tramitarse mediante la palabra. No porque todos debieran acabar pensando igual, sino porque el intercambio de razones permitía reconocer en el adversario un interlocutor legítimo y existía la esperanza de acortar distancias. Esa tradición no excluía la pasión. Pero exigía la voluntad previa de convencer.
Hoy esa voluntad parece retroceder. En demasiadas ocasiones no se discute para aproximar posiciones, sino para marcar identidades. El destinatario real del mensaje ni siquiera es el denostado, sino la tribu de pertenencia. El objetivo deja de ser modificar el juicio ajeno y se centra en obtener el aplauso de los afines. La conversación pública se transforma así en una sucesión de monólogos simultáneos -cuando no sarta de vituperios- aireados en cámaras de eco. El insulto ya no es un exceso del sistema; es el lubricante que mantiene en marcha esa irracional lógica.
Las redes sociales no han inventado la agresividad humana. Han eliminado, en cambio, muchos de los filtros que durante siglos hicieron posible la convivencia. Las comunidades ciudadanas aprendieron hace mucho tiempo que la basura -la escoria social- debía canalizarse extramuros. No para que dejara de existir, sino porque la vida común exigía separar la plaza del albañal. Hemos construido, sin apenas advertirlo, un espacio público digital donde esa frontera vuelve a desdibujarse. Lo admirable convive con lo abyecto. Una discusión inteligente puede quedar sepultada en pocos minutos bajo una avalancha de execraciones repetidas mecánicamente.
No es una cuestión de cortesía. Es una cuestión de libertad. Allí donde la palabra deja de llevar aparejada responsabilidad se agosta, acaba perdiendo también autoridad. Y cuando el razonamiento pierde autoridad prosperan inevitablemente quienes sustituyen los argumentos por los reflejos, el diálogo por el trincherismo y la discrepancia por la descalificación. La consecuencia más preocupante no es el aumento del insulto, sino la pérdida de la curiosidad. El adversario deja de ser alguien a quien comprender y refutar para convertirse en un enemigo al que etiquetar en pos del aplauso de la banda. La democracia liberal presupone ciudadanos capaces de admitir que el otro puede tener -al menos- algo de razón. El zanjismo parte exactamente de la premisa contraria: el otro no es interlocutor, es obstáculo cuyo escarnio basta para invalidar cuanto diga. Cuando desaparece la posibilidad misma de persuadir, desaparece el incentivo para razonar.
La calidad de una democracia no depende únicamente de sus instituciones. Depende también del comportamiento de sus ciudadanos, en particular del modo en que utilizan la palabra. Conviene recordarlo precisamente ahora que cualquiera puede dirigirse a miles de personas. Porque el verdadero progreso tecnológico no consiste en que todos podamos decir cualquier cosa; radica en que sigamos sintiéndonos responsables de las palabras que esgrimimos. La democracia no muere el día en que se prohíben las elecciones. Empieza a debilitarse mucho antes: cuando los ciudadanos dejan de creer que merece la pena convencer y comienzan a conformarse con insultar.
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