El Ministerio de Sanidad ha enviado este martes una carta a la Comunidad de Madrid para pedirle que aclare si la manipulación de las listas de espera consistente en cambiar la prioridad de los pacientes que EL PAÍS ha destapado en el Hospital Ramón y Cajal es una práctica generalizada en la sanidad pública de la región.
La ministra Mónica García pide “control y supervisión” a la consejería madrileña tras el cambio de prioridad de pacientes que esperaban operaciones en el Ramón y Cajal
El Ministerio de Sanidad ha enviado este martes una carta a la Comunidad de Madrid para pedirle que aclare si la manipulación de las listas de espera consistente en cambiar la prioridad de los pacientes que EL PAÍS ha destapado en el Hospital Ramón y Cajal es una práctica generalizada en la sanidad pública de la región.
En una misiva remitida a Fátima Matute, consejera de Sanidad madrileña, la ministra, Mónica García, requiere “información acerca de lo sucedido, su extensión, su posible replicación en otros centros, así como las medidas llevadas a cabo para su resolución”, según el documento, al que ha tenido acceso este periódico.
Además, “solicita garantías acerca del desempeño por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de las labores de control y supervisión de las listas de espera, así como acerca de la veracidad de los datos que son remitidos por dicha consejería al Ministerio de Sanidad dentro de los procedimientos normalizados del Sistema de Información de Listas de Espera del Sistema Nacional de Salud (SISLE-SNS)”.
Lo que ha desvelado EL PAÍS es que entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del año pasado la prioridad de 57 pacientes de la lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Ramón y Cajal cambió de preferente (supuestamente deberían ser operados en 90 días) a normal (para los que se establece un plazo de 180).
Esta clasificación es una etiqueta de los hospitales para operar antes a quien más lo necesita y se cambió sin valorar a los pacientes y sin tener en cuenta su gravedad. Se les desplazó de urgencia, de forma que el hospital podía exhibir ante la consejería y ante los propios afectados que fueron intervenidos en el plazo adecuado, lo que le permite cumplir los objetivos de productividad.
La alteración fue orden de dos responsables del hospital: el jefe de ese servicio de Traumatología, Basilio José de la Torre Escuredo, y del director médico del hospital, Rafael Martínez Fernández, según los documentos a los que accedió EL PAÍS.
Esta práctica es muy diferente de las habituales denuncias de maquillaje en las listas de espera, que consisten en alterar la forma de contar los días que una persona tiene que esperar para ser operada. En esos casos, el falseamiento se produce a posteriori: el paciente no sufre una alteración en su prioridad, ha de esperar lo mismo, solo que las estadísticas oficiales reflejan esa realidad de forma distorsionada.
En el caso del Ramón y Cajal, el cambio de prioridad sí alteraba el momento en el que los pacientes recibían la operación. Al pasar de preferente a normal, su intervención se retrasaba, con el consiguiente perjuicio para el paciente. Sin embargo, este cambio no tenía efectos en la contabilidad de las listas de espera que compara el desempeño de las comunidades autónomas, que cuenta cuántos pacientes hay esperando y cuánto tiempo ha pasado de media hasta que son intervenidos, no la gravedad o la urgencia de la cirugía. Según varios médicos del hospital, los cambios se hacían de espalda a los cirujanos responsables de las operaciones.
Hasta donde se sabe, el del Ramón y Cajal es un caso aislado que afecta a pacientes muy concretos. Pero el Ministerio de Sanidad quiere que se investigue si esas prácticas han ido más allá y han podido afectar a más usuarios.
La ministra, Mónica García, ha reconocido hoy en la red social X que las manipulaciones de las listas de espera “ni son nuevas ni están penalizadas”. Su departamento lleva meses preparando un Real Decreto para cambiar el sistema de medición para aportar transparencia y trazabilidad, una norma que fue tumbada en julio por las comunidades autónomas.
Era una modificación que no afectaba exactamente a casos como el del Ramón y Cajal (un cambio de clasificación previo a la operación), sino que tenía que ver con la contabilidad posterior. Pretendía que la estadística nacional reflejase el tiempo que pasa desde que un paciente tiene una dolencia y pide cita en su médico de cabecera hasta que es dado de alta.
Lo que ocurre hoy en día es que las listas de espera se contabilizan de forma separada: no hay una trazabilidad. Primero, el usuario pide cita en Atención Primaria, cuyas demoras ni siquiera están contabilizadas de forma uniforme en todo el país. Luego se deriva a un especialista, algo que sí miden las estadísticas. Normalmente se le piden unas pruebas, cuya contabilidad no está homogeneizada. Vuelve al especialista que, de ser necesario, le deriva al quirófano, algo que también se mide por separado.
Sanidad pretende volver a llevar el Real Decreto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para tratar de aprobarlo antes de que termine la legislatura y cambiar un sistema que lleva décadas vigente, pero que no es capaz de medir con fiabilidad el desempeño del sistema.
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