Si un médico atiende a una mujer que ha sufrido una agresión machista en España, está obligado por ley a reportarlo a la justicia. La consulta es un espacio clave para detectar la violencia y dar apoyo para salir de ella, pero algunos análisis discuten que los sanitarios deban denunciarlo cuando la paciente no quiera. Una revisión de 28 estudios publicada este viernes en la revista científica The Lancet concluye que hay “evidencia fuerte” de que esta política, que tiene la intención de proteger a las víctimas, a veces las conduce a un nuevo sufrimiento. Investigadoras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Harvard y London School of Economics reunieron experiencias y declaraciones de supervivientes, que explicaron que esto las expuso a un periplo judicial cuando no estaban listas, las enfrentó a represalias brutales de sus agresores o incluso las acabó disuadiendo de pedir asistencia médica.
En España, el sistema médico es un filtro clave para la prevención y detección de violencia de género y los médicos deben reportarlo por ley
Si un médico atiende a una mujer que ha sufrido una agresión machista en España, está obligado por ley a reportarlo a la justicia. La consulta es un espacio clave para detectar la violencia y dar apoyo para salir de ella, pero algunos análisis discuten que los sanitarios deban denunciarlo cuando la paciente no quiera. Una revisión de 28 estudios publicada este viernes en la revista científica The Lancet concluye que hay “evidencia fuerte” de que esta política, que tiene la intención de proteger a las víctimas, a veces las conduce a un nuevo sufrimiento. Investigadoras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Harvard y London School of Economics reunieron experiencias y declaraciones de supervivientes, que explicaron que esto las expuso a un periplo judicial cuando no estaban listas, las enfrentó a represalias brutales de sus agresores o incluso las acabó disuadiendo de pedir asistencia médica.
Una conclusión central de esta publicación, sin embargo, es que no hay estudios que reúnan y analicen datos a favor o en contra de esta política, como tasas de arresto de los agresores o recurrencia de lesiones y seguridad posterior de la mujer. El artículo demuestra una “ausencia de evidencia sobre si la denuncia obligatoria beneficia o perjudica a las supervivientes a nivel poblacional”. Han mapeado que 53 países tienen requisitos de denuncia obligatoria para el personal sanitario y han recuperado vivencias de supervivientes en estudios de Estados Unidos (24), Noruega (2), España (1) y Timor Oriental (1); y sus conclusiones se centran en casos de violencia de parejas o exparejas.
Varias encuestadas describen la denuncia obligatoria de los sanitarios como “otra vulneración similar a su abuso, que las forzaba a realizar acciones para las que no estaban emocionalmente preparadas y sin su consentimiento”. No confiaban en que el sistema legal-penal fuera a proporcionarles protección. Dicen que deriva en arrestos de corta duración para sus agresores, y que las expone a violencia más severa a su regreso. “Si se lo contaba a alguien, él iría a la cárcel, saldría y me mataría”, señala una de las citas del informe.
También manifiestan que dependían económicamente del agresor para vivir o mantener a sus hijos y no tenían otro hogar, pero no se las contactó con el tipo de apoyo que necesitaban. Otros miedos eran que la investigación condujera a la separación forzada de sus hijos, o que “buscar apoyo de salud mental tras el abuso pudiera interpretarse como una vulnerabilidad y ser utilizado en su contra en disputas legales, laborales o de custodias”.
“A menudo lo que quieren es tiempo y espacio para tomar una decisión adecuada”, comenta una de las autoras, Avni Amin, que propone proteger el derecho de las víctimas a la autodeterminación. La especialista en salud pública y jefa de la unidad de Derechos, Igualdad y Bienestar de la OMS, apunta que “hay mujeres que han sido aterrorizadas por sus parejas en casa, que vigilan dónde van a través de sus teléfonos móviles, y no tienen dinero ni siquiera para ir y volver varias veces de una comisaría”. Insiste en que los sanitarios deberían contactarlas con quien pueda asistirlas para prepararse de manera emocional y práctica para denunciar. “El sistema en muchos países es bastante desafiante: tienen que repetir su historia muchas veces, se las culpa, se las avergüenza y la justicia puede llevar años”, detalla.
La jurista feminista Altamira Gonzalo difiere: “Hay fallos de protección policial y judicial y ahí es donde hay que centrar el esfuerzo, no en si no voy a poner la denuncia por si la pongo en riesgo. Claro que vamos a tener eso en cuenta, pero si es lo único que valoramos, estamos retrocediendo”. Para la abogada, socia de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, es como decir: “Esto que nos costó tanto conseguir, vamos a dejarlo porque nos sigue costando mucho”. Afirma que haber involucrado al sistema sanitario en la detección y prevención, y haber logrado que la violencia se trate como un delito de naturaleza pública en España son avances importantes.
Un delito público
La violencia de género en el país es perseguible sin necesidad de denuncia previa de la perjudicada. Quienes por sus cargos o profesiones tienen conocimiento de delitos públicos están obligados a denunciarlos inmediatamente, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Ley contra la Violencia de Género establece además la creación de protocolos sanitarios de detección, intervención y relación con la Administración de la Justicia cuando exista “constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos”.
Los sanitarios deben notificarlo al juzgado de guardia o a la Fiscalía mediante un parte de lesiones, cuando proceda, y un informe médico, después de avisar a la mujer, pero independientemente de su voluntad. El protocolo del Sistema Nacional de Salud marca que deben leérselo, entregarle una copia y dejarlo constatado en su historia clínica.
Según los últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Salud, en 2022 hubo 15.301 casos recogidos mediante historia clínica y 11.569 mediante partes de lesiones. Y en total, desde que se recogen datos en 2009 por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, las denuncias a través de parte de lesiones han sido 256.638, un 9,48% de las 2.707.117. Y son cifras que anualmente no han variado, se mueven desde el inicio de la estadística en unas 15.000.
Según Gonzalo, este es un avance en el sistema de protección a las mujeres, aun entendiendo que la denuncia no es la única salida, y que debe ser complementada con el ofrecimiento de recursos jurídicos, psicológicos, habitacionales, económicos, para que salga del dominio de su agresor.
Amin coincide en que no se trata solo de que la denuncia pase a ser voluntaria, sino de que los trabajadores de Sanidad la asesoren en lo necesario para dar ese paso. El grado de capacitación en esta materia es distinto en todo el mundo. Ella ha elaborado guías de recomendaciones para ministerios de Sanidad y entrenó a sanitarios de diferentes países.
Como ventajas de la política de denuncia obligatoria, la revisión destaca que las experiencias queden documentadas en un registro formal. El informe médico es una prueba de una institución neutral, relevante para que prospere la denuncia. “Lo difícil muchas veces en la violencia de género es poder contar con pruebas que sean incontestables. Las mujeres deben saber que eso para ellas es una forma más segura de entrar al juzgado”, comenta Gonzalo. Algunas supervivientes citadas agradecen que les quitó la carga de denunciar o destacan que una intervención anterior podría haberles evitado daños prolongados. En España, las víctimas tardan, de media, más de ocho años y medio en denunciar.
Confidencialidad y autonomía
Otra de las advertencias del estudio es que la denuncia del personal médico puede violar los derechos de autonomía y confidencialidad de las pacientes. Recoge que algunas pacientes se sintieron traicionadas. La OMS recomienda a los trabajadores informar a la mujer que tienen la obligación de denunciarlo antes de que ella revele su situación, para permitirle decidir qué detalles de su historia quiere compartir. También les recuerdan que la prioridad es asistirlas, porque hay trabajadores que se niegan a atenderlas hasta que se haya hecho la denuncia. La publicación también advierte de que las políticas universales de denuncia obligatoria pueden ampliar las disparidades existentes, por ejemplo, en el caso de inmigrantes indocumentadas que expresaron temores más acentuados frente a los reportes.
“Cuando nos ponemos la bata, estamos obligados a comunicar los hechos delictivos que pasen por delante de nosotros, no solamente violencia de género, también sospechas de muerte violenta cuando vamos a hacer un certificado de defunción, o abuso a menores; si no, seríamos cómplices”, comenta María R. Blasco, coordinadora del grupo de trabajo de atención a la mujer de la sociedad médica Semergen.
El Código Deontológico Médico dicta que se debe denunciar la violencia con independencia de la petición de la víctima. La médica de familia cuenta que entre profesionales se dan conversaciones sobre el dilema ético, pero no se presta a mucho debate: “La mujer tiene su principio de autonomía, de tomar sus propias decisiones, pero si nosotros no denunciáramos, puede correr peligro su salud y no la estaríamos atendiendo como necesita”.
La revisión de estudios aboga por “modelos de denuncia voluntaria en los que las mujeres puedan tomar una decisión informada sobre cuándo y cómo buscar justicia”, unidos a “vías rápidas hacia la protección en casos de daño inminente”. La OMS publicará a fines de este año sus recomendaciones actualizadas, mientras los datos duros al respecto continúan siendo una laguna crucial.
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