El Gobierno de la Ciudad-Estado recupera este tipo de castigos como último recurso frente al acoso escolar Leer El Gobierno de la Ciudad-Estado recupera este tipo de castigos como último recurso frente al acoso escolar Leer
Singapur ha vuelto a tensar la cuerda entre disciplina y pedagogía. En una ciudad-Estado donde el extremo orden público es una seña de identidad, el Gobierno ha decidido reforzar su arsenal contra el acoso escolar con una polémica medida: los castigos corporales, incluidos los azotes con vara, serán una herramienta legítima en las aulas para luchar contra el bullying, aunque siempre como último recurso.
El ministro de Educación, Desmond Lee, defendió esta semana en el Parlamento un enfoque que combina firmeza y control institucional. Según explicó, las escuelas solo recurrirán a este tipo de sanción cuando «todas las demás medidas resulten insuficientes», y siempre bajo un protocolo estricto: autorización previa del director, aplicación por profesores acreditados y evaluación individual del alumno, teniendo en cuenta su madurez y la capacidad del castigo para generar aprendizaje.
«No se utilizará nunca de forma aislada», insistió Lee. El castigo físico forma parte de un paquete más amplio de medidas que incluyen «seguimiento psicológico, asesoramiento y acompañamiento tras la sanción». La intención, subrayó el ministro, no es punitiva en sí misma, sino correctiva: reconducir conductas en un entorno que prioriza la seguridad colectiva sobre la indulgencia.
El nuevo marco disciplinario, anunciado tras un año de revisión y varios casos de acoso que sacudieron a la opinión pública, contempla sanciones escalonadas. Los «infractores primerizos» por faltas graves pueden enfrentarse a detención, suspensión o una rebaja en su calificación de conducta. En situaciones agravadas, los alumnos varones (especialmente en los últimos cursos de primaria y secundaria) pueden recibir hasta tres azotes. Las alumnas, en cambio, quedan excluidas de esta práctica por el Código de Procedimiento Penal, que prohíbe expresamente el castigo corporal femenino.
La política de Singapur choca frontalmente con organismos internacionales como UNICEF o la Organización Mundial de la Salud, que advierten de los efectos nocivos del castigo físico en menores. Diversos estudios citados por estas entidades vinculan su uso frecuente con problemas de salud mental y conductas agresivas a largo plazo. Lee no rehuyó la crítica, pero matizó: «El contexto en nuestras escuelas es diferente», dijo, aludiendo a la regulación estricta y al carácter excepcional de la medida.
Más allá del aula, la ofensiva contra el acoso incluye el ámbito digital. Con la próxima entrada en funcionamiento de una comisión de seguridad en línea, las víctimas de ciberacoso, filtración de datos personales o abuso de imágenes íntimas podrán canalizar denuncias de forma más ágil. Las escuelas actuarán como primer dique de contención, ofreciendo apoyo psicológico y orientación para escalar los casos.
El endurecimiento de las normas escolares encaja en un ecosistema legal más amplio donde Singapur ha construido su reputación de tolerancia cero. El castigo corporal no es una anomalía educativa, sino una extensión de un sistema judicial que todavía contempla la flagelación para delitos como robo, fraude o violaciones de la ley migratoria. Introducido durante la época colonial británica, este castigo sigue vigente para varones menores de 50 años.
No es la única norma que sorprende al visitante. En Singapur, hogar de cinco millones y medio de personas, está prohibido vender chicle (una ley destinada a mantener la limpieza urbana) y las multas por tirar basura, fumar en zonas no autorizadas o comer en el transporte público pueden ser cuantiosas. El vandalismo, incluso en forma de grafitis, puede acarrear también azotes. La ciudad funciona como un engranaje donde la disciplina no es negociable y el civismo se impone, muchas veces, a golpe de ley.
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