La regularización es solo el primer paso

Hace poco más de un año la socialdemócrata danesa Mette Frederiksen y la neofascista italiana Giorgia Meloni formalizaban una nueva alianza europea que rompe con los remilgos ideológicos del pasado. En una carta conjunta de tono orwelliano, las primeras ministras y sus aliados reprochaban al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que limitase su margen de maniobra a la hora de lidiar con los criminales extranjeros. Alegando la necesidad de escuchar al pueblo, se preguntaban si las viejas convenciones internacionales “están a la altura de los desafíos de nuestro tiempo” y afirmaban que “lo que un día fue correcto puede no ser la respuesta de mañana”. Desde entonces, la lista de asuntos que “un día fueron correctos” y hoy conviene pasar por la trituradora legislativa parece no tener final, como demuestra el reciente reglamento europeo que permite crear en terceros países centros de detención y castigo para solicitantes de asilo.

En este contexto, no es de extrañar que la exitosa regularización extraordinaria que está teniendo lugar en España sea comentada en el mundo como un avistamiento extraterrestre. La cifra final de solicitudes (1,17 millones) está muy por encima de cualquier previsión y refuerza todos los argumentos éticos, socioeconómicos y administrativos que justificaron siempre esta medida. La regularización ha sido defendida de forma más o menos pública por un conjunto diverso y mayoritario de los actores sociales, lo que hace pensar que la polémica generada al respecto es tan artificial como tantas otras. No sorprende que un gang de fanáticos con visión de negocio como Vox y Hazte Oír pretendan que el Tribunal Supremo les haga el trabajo sucio. La pregunta es qué persiguen con su recurso gobiernos como el de Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana, que ya asumen la obligación de la atención sanitaria y educativa de esta población trabajadora, pero se pierden buena parte de sus aportaciones fiscales y productivas.

Sobre todo, ¿cuál es la alternativa que proponen quienes se han opuesto tan virulentamente a esta medida? ¿Defiende el Partido Popular una política de deportaciones cruel, costosa, contraproducente y fallida como la desplegada en Estados Unidos? ¿Van a reintroducir los visados obligatorios para los latinoamericanos y arriesgar con ello la sostenibilidad de miles de empresas y municipios?

La discusión relevante no es acerca de la regularización, sino de lo que debe ocurrir a partir de ahora. Porque esta medida era necesaria y sensata, pero no ha alterado ninguna de las razones fundamentales que hicieron necesario aprobarla. Aunque Pedro Sánchez dice todo lo que la izquierda global quiere oír, el activismo de su política migratoria esconde un balance estructural decepcionante. Ni la regularización ni las tres rondas de reformas previas en este ámbito han logrado que el Gobierno de España se distinguiese del resto de Europa en los asuntos que más importan, empezando por un control migratorio tan salvaje y opaco como el del resto de la UE. Desde la impune masacre de Melilla en junio de 2022 hasta la colaboración con gobiernos canallas en el abandono de migrantes en el desierto o la fracasada coordinación en la gestión de los niños arrumbados en Canarias, resulta difícil encontrar una diferencia fundamental entre las prácticas de este gobierno y las que nos escandalizan en otros países.

Con todo, la negligencia política que tendrá una trascendencia más amplia está en el terreno de la movilidad laboral. En contra de los intereses de España, y a pesar de las intenciones declaradas, seguimos sin contar con mecanismos alternativos relevantes para una migración económica legal, segura y ordenada. Mientras leen estas líneas, la bolsa de inmigración irregular de nuestro país crece de nuevo como respuesta a un modelo de puerta estrecha y semicerrada incompatible con las necesidades del mercado. Esta es una batalla que no se libra en el terreno policial y humanitario, sino en el laboral y administrativo: los programas ágiles y transparentes de migración temporal y permanente; el reconocimiento de necesidades y capacidades; la formación en origen y el reclutamiento ético; o los incentivos eficaces al retorno y la circularidad. Lo que es igualmente importante, la distribución justa de los beneficios del proceso a través de la adaptación de la infraestructura física y social de un país de 50 millones de habitantes, y la construcción de una identidad colectiva basada en la ciudadanía y en los derechos y responsabilidades compartidas, no en astracanadas etnonacionalistas como la “prioridad nacional”.

Necesitamos un modelo mejor. Una propuesta migratoria que ofrezca orden, derechos y prosperidad donde hoy encontramos caos, explotación y precariedad. La clave de este desafío está en el campo de la movilidad laboral y en apuestas mucho más creativas y ambiciosas de lo que hemos visto hasta ahora. Aunque la UE camina en la dirección contraria, la demografía es una ciencia exacta: el sentido común prevalecerá y tendremos que estar preparados.