“He visto cosas que no creeríais”. Esta afirmación del replicante Ray Batty, en la escena final de la mítica película Blade Runner, es plenamente aplicable a la situación en la que se encuentra nuestro sistema parlamentario. Teniendo presente la base fundamental sobre la que se asienta el parlamentarismo diseñado por la Constitución de 1978, el principio de que gobierna quien tiene mayoría en el Congreso, la constatación de ciertas dinámicas patológicas que dominan la presente legislatura genera una profunda perplejidad. Estamos viendo cosas increíbles hasta tal grado que están planteando serios problemas de coherencia a nuestra forma de gobierno: la monarquía parlamentaria.
La constatación de ciertas dinámicas patológicas que dominan la presente legislatura genera una profunda perplejidad
“He visto cosas que no creeríais”. Esta afirmación del replicante Ray Batty, en la escena final de la mítica película Blade Runner, es plenamente aplicable a la situación en la que se encuentra nuestro sistema parlamentario. Teniendo presente la base fundamental sobre la que se asienta el parlamentarismo diseñado por la Constitución de 1978, el principio de que gobierna quien tiene mayoría en el Congreso, la constatación de ciertas dinámicas patológicas que dominan la presente legislatura genera una profunda perplejidad. Estamos viendo cosas increíbles hasta tal grado que están planteando serios problemas de coherencia a nuestra forma de gobierno: la monarquía parlamentaria.
Algunas de las aludidas problemáticas, a pesar de no ser nuevas, muestran un incremento exponencial, habiendo experimentado un cambio cualitativo cuyos efectos disruptivos alcanzan preocupantes niveles. Entre los vicios provenientes del pasado brilla con luz propia el uso constante por parte del Gobierno de su potestad legislativa de urgencia a través de decretos-leyes. Una utilización recurrente y abusiva que cuenta con una sólida tradición (alimentada por gobiernos de todo signo ideológico) y que, por lo demás, no se circunscribe en exclusiva al nivel central, puesto que en las Comunidades Autónomas que cuentan con este instrumento normativo la situación existente (abuso) es muy similar, independientemente de la fuerza política al frente del Gobierno. Eso sí, en la presente legislatura la preferencia por los decretos-leyes en el ámbito estatal alcanza cotas muy altas desde una perspectiva cuantitativa (un total de 48), tan solo superada —con toda justificación— durante la etapa de la pandemia, cuya gestión —en circunstancias de efectiva extraordinaria y urgente necesidad— se abordó por el Gobierno haciendo uso de esta vía normativa. Calibrar la gravedad de la situación actual, sin embargo, no puede limitarse únicamente a la mera constatación numérica. Antes bien, exige aplicar una perspectiva analítica más amplia, tomando en consideración las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el arco temporal de referencia (2023-2026). Desde tal aproximación integral, se verifica un balance muy pobre, puesto que el total de leyes asciende a 28. Quiere esto decir que, en término proporcionales, casi dos tercios (63,1%) de la producción normativa es de origen gubernamental, mientras que el algo más del tercio restante (36,8%) es fruto de la voluntad parlamentaria. Lo que supone una clara alteración del reparto de roles normativos establecidos por la Constitución, que considera a la ley parlamentaria como la norma general y al decreto-ley gubernamental como un mecanismo regulador extraordinario. Una alteración que, es preciso subrayarlo, posterga la imprescindible centralidad que el debate parlamentario está llamado a asumir en todo sistema democrático, en tanto que proceso público y deliberativo que se desarrolla entre los representantes de la ciudadanía. En un contexto en la que se legisla preferentemente a golpe de decreto-ley, los términos de la ecuación constitucional se han invertido de manera clamorosa, lo que provoca un creciente arrinconamiento del Parlamento en el ejercicio de una de sus funciones nucleares —la legislativa— y el consiguiente empobrecimiento de la calidad democrática del sistema.
Una segunda manifestación especialmente grave de la pérdida de específico peso institucional que sufre nuestro Parlamento apunta directamente a otra de sus potestades nucleares: la presupuestaria. En este ámbito, la situación actual es inédita, al carecer de precedentes en la historia democrática de nuestro país. El hecho es que, en la presente legislatura, el Gobierno ha hecho caso omiso de su deber constitucional de presentar cada año ante la Cámara baja el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Esto ha producido la anómala situación de sucesivas prórrogas de unos presupuestos aprobados en el año final de la anterior legislatura. Algo nunca visto hasta ahora y, ciertamente, increíble en la lógica del parlamentarismo, por más que mantener esta injustificable situación haya sido posible gracias al habitual y poco escrupuloso recurso en términos jurídicos a mecanismos de ingeniería presupuestaria existentes en nuestro ordenamiento (suplementos de crédito y créditos extraordinarios, entre otros), a la buena marcha de la economía con unos niveles de recaudación al alza, y a la inestimable inyección de liquidez procedente de los fondos europeos. En esta tesitura, el anuncio del Gobierno de que tras el verano presentará ante el Congreso de los diputados el proyecto de ley de presupuestos para 2027, aun siendo una excelente noticia —el cumplimiento de la Constitución siempre lo es— no puede obviarse que, llegado ese momento, las cuentas públicas tendrán una mínima posibilidad de salir adelante. La notoria ausencia de una mayoría de apoyo al Gobierno en el Congreso apunta en esa dirección. El reciente rechazo por la Cámara baja de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las Administraciones públicas en el periodo 2027-2029, presentados por el Ejecutivo como fundamental paso previo a la elaboración de las cuentas públicas, así lo confirma.
Con esta constatación llegamos a la última de las patologías que merman profundamente el estado de salud democrática de la presente legislatura y que, en realidad, es la causa matriz de todas las demás. En el origen de los males que aquejan a nuestro sistema parlamentario tras las elecciones de julio de 2023 encontramos que el Ejecutivo pudo formarse gracias a la mayoría forjada para la sesión de investidura. Contando con los votos constitucionalmente requeridos, el candidato a la presidencia del Gobierno —Pedro Sánchez— accedió a la misma, obteniendo así la necesaria legitimidad de origen y permitiendo la formación del Ejecutivo. Ahora bien, a partir de ese momento comenzaron los problemas, porque ya con ocasión de la investidura las fuerzas políticas que apoyaron al candidato, con la única salvedad de Sumar en su calidad de socio en el Ejecutivo, pusieron abiertamente de manifiesto que no estábamos ni ante un acuerdo de legislatura ni ante un aval al programa gubernamental. En tales circunstancias, no puede extrañar que la gobernabilidad haya estado constantemente instalada en la precariedad, lo que ha traído consigo que el desarrollo de la acción de gobierno se haya topado con dificultades constantes y crecientes no solo para mantener una línea coherente, sino también para imponer su programa en sede parlamentaria. Así pues, no cabe sino insistir en que esta suerte de pecado original ha lastrado el transcurso de la legislatura desde sus orígenes, dando lugar a todas las patologías apuntadas.
La superación de tan preocupante situación requeriría activar los mecanismos constitucionales correspondientes: exigencia de responsabilidad política por parte de la oposición mediante una moción de censura, planteamiento de una cuestión de confianza por parte del jefe del Ejecutivo o, como último recurso, que este proceda a la disolución anticipada de las Cámaras y convoque elecciones. La falta de las mayorías requeridas en los dos primeros supuestos (absoluta para la censura y simple para la confianza), condenándolas al fracaso práctico, implica que se haya descartado su activación. Consecuentemente, la única vía transitable exige asumir la realidad, certificar el fin de la legislatura y dar la palabra a la ciudadanía. Ahora bien, tal decisión depende exclusivamente de la voluntad de quien es titular de la potestad de disolución anticipada, el presidente del Gobierno. Y este, ante una realidad política cada vez más adversa, ha optado por mantener la actitud de resistencia numantina de la que suele hacer gala, pero que a la postre no hace sino prolongar la parálisis institucional. En tales circunstancias, parece claro que salir del atolladero en el que estamos depende necesariamente de un cambio de actitud por parte de quien es su responsable. Y si así sucediera, volverán a hacerse presentes las palabras de Ray Batty: “He visto cosas que no creeríais”.
España en EL PAÍS
