Cuando el mercado eléctrico mayorista fue liberalizado en 1998, el objetivo era que las empresas eléctricas tomaran las decisiones de inversión, asumiendo que ello llevaría a la minimización del coste de suministro, en beneficio de los consumidores. Sin embargo, desde entonces, los sucesivos gobiernos no han podido resistir la tentación de intervenir para “dirigir” las decisiones de las empresas.
Las baterías de corta duración se instalan rápido, pero se agotan justo cuando el sistema más las necesita
Cuando el mercado eléctrico mayorista fue liberalizado en 1998, el objetivo era que las empresas eléctricas tomaran las decisiones de inversión, asumiendo que ello llevaría a la minimización del coste de suministro, en beneficio de los consumidores. Sin embargo, desde entonces, los sucesivos gobiernos no han podido resistir la tentación de intervenir para “dirigir” las decisiones de las empresas.
El problema es que los políticos tienen un conocimiento limitado del sector eléctrico, y sus decisiones son cortoplacistas, sesgadas en favor de aquellas que producen resultados visibles e inmediatos, y no aquellas que dan lugar al menor coste de suministro. Los gobiernos se guían por el calendario electoral, mientras que las consecuencias de sus decisiones alcanzan varias décadas.
Un ejemplo paradigmático lo tenemos en 2007, cuando el Gobierno decidió promover una construcción masiva de plantas solares en un momento en el que no eran competitivas. El resultado fue una burbuja inversora con subvenciones milmillonarias que hicieron que, durante mucho tiempo, las tarifas eléctricas españolas se encontraran entre las más caras de la UE. Todavía hoy nuestras facturas están infladas por el coste de esas subvenciones y, tras una reforma del marco de apoyo que tuvo lugar en 2014, muchos inversores han acudido a tribunales internacionales para que se embarguen bienes del Estado español.
Como consecuencia de la sobreinversión en instalaciones solares, cada vez hay más horas en las cuales Red Eléctrica de España no les permite funcionar al 100% porque ello pondría en peligro la estabilidad del suministro (como ya ocurrió en abril de 2025), lo que supone un despilfarro de recursos pagado por los consumidores españoles.
Cabría esperar que, con la experiencia acumulada, el Gobierno hubiese aprendido de sus errores y dejara que el mercado funcionara. Sin embargo, parece decidido a tropezar otra vez con la misma piedra, en esta ocasión, subvencionando la instalación masiva de baterías de corta duración.
La integración de las renovables en el sistema eléctrico se puede conseguir instalando baterías o bombeos hidráulicos; pero la contribución de ambas tecnologías a la garantía del suministro no es la misma. En la actualidad, las situaciones de estrés en el sistema eléctrico (aquellas en las que la capacidad disponible puede ser insuficiente para cubrir la demanda de los consumidores) son puntuales y no suelen durar más de un par de horas. Sin embargo, el plan del Gobierno es cerrar todas las centrales nucleares entre 2027 y 2035, lo cual incrementará la duración de las horas de estrés en el sistema.
Unas baterías que solo pueden inyectar energía a la red durante 2 o 4 horas (que es lo que el Gobierno está subvencionando mayoritariamente en la actualidad) no resolverán los problemas de suministro, porque siempre puede haber varios días seguidos nublados. Para evitar que haya interrupciones en el suministro de electricidad, son necesarias instalaciones que puedan almacenar suficiente energía para funcionar durante 20 o 30 horas seguidas sin recargar (como instalaciones hidroeléctricas o de bombeo), o instalaciones que puedan producir energía (como las alimentadas con gas natural, biocombustibles o hidrógeno).
Este sesgo a favor de las baterías de corta duración resulta tanto más incomprensible dado que los datos que maneja el propio Ministerio apuntan a que, por ejemplo, el coste de la inversión (en euros por kWh de energía almacenable) puede ser hasta 10 veces mayor en el caso de las baterías de 4 horas que en el de los bombeos de 20 horas. A esto se suma el hecho de que la inversión en baterías de corta duración desplazará a otras tecnologías con una mayor contribución a la seguridad de suministro. Así, el resultado será una inversión masiva en instalaciones caras y una menor seguridad de suministro.
Por ello, el apoyo del Gobierno a las baterías de corta duración fáciles de instalar va a dar lugar únicamente a una burbuja; es decir, a un despliegue desproporcionado y costoso, impulsado por subvenciones públicas, pero incapaz de ofrecer la garantía de suministro que realmente se necesita. La burbuja no evitará hacer las inversiones en las instalaciones que verdaderamente pueden estar disponibles en horas de estrés prolongadas en el tiempo y el resultado será un incremento en las facturas eléctricas y un desperdicio de recursos.
En 2007, el apoyo a las instalaciones fotovoltaicas se intentó justificar sobre la base de que convertiría a España en un líder mundial para la producción de paneles fotovoltaicos. Lo único que logramos fue ayudar a convertir a China en ese líder, al igual que ocurrirá con las baterías (también fabricadas en China).
Por todo ello, el Gobierno debería dejar de ofrecer subvenciones ineficientes y de sesgar la balanza en favor de unas u otras tecnologías de almacenamiento (las baterías están percibiendo 12 veces las subvenciones de los bombeos en términos de energía almacenable y 3 veces, en términos de potencia instalada), sobre todo cuando ello desplaza a otras instalaciones que dan una mayor seguridad de suministro con un coste menor. Es crucial que las subastas de capacidad, a las que Bruselas ha dado luz verde recientemente, valoren la contribución real de cada tecnología a la garantía de suministro. Ello implica pensar no solamente en las necesidades del sistema hoy, o lo que es más rápido de construir, sino tener en cuenta el impacto de la mayor penetración renovable, de forma que se elijan las instalaciones que realmente ofrezcan seguridad de suministro y al menor coste posible.
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