El Gobierno está obligado a atender las solicitudes de comparecencia en cualquiera de las dos cámaras de las Cortes, según coinciden los juristas parlamentarios consultados. El artículo 101.1 de la Constitución admite pocas dudas: “Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno”. Pero si el Ejecutivo lo incumple, la ley no prevé ningún tipo de sanción. Y el Congreso y el Senado tampoco pueden imponer las fechas de las comparecencias. Con esas premisas legales, el pulso institucional entre el Gobierno y el Senado, bajo control del PP, por el intento de este de forzar a tres ministros a ofrecer explicaciones inmediatas sobre la crisis de Ceuta, ha derivado en una suerte de juego del gato y el ratón.
El Ejecutivo da largas a la Cámara alta, que sufrirá este miércoles el primer plantón, por parte de Marlaska
El Gobierno está obligado a atender las solicitudes de comparecencia en cualquiera de las dos cámaras de las Cortes, según coinciden los juristas parlamentarios consultados. El artículo 101.1 de la Constitución admite pocas dudas: “Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno”. Pero si el Ejecutivo lo incumple, la ley no prevé ningún tipo de sanción. Y el Congreso y el Senado tampoco pueden imponer las fechas de las comparecencias. Con esas premisas legales, el pulso institucional entre el Gobierno y el Senado, bajo control del PP, por el intento de este de forzar a tres ministros a ofrecer explicaciones inmediatas sobre la crisis de Ceuta, ha derivado en una suerte de juego del gato y el ratón.
La Cámara alta exige las comparecencias a partir de este miércoles y, en caso de incumplimiento, amenaza con medidas, de alcance incierto. El Gobierno replica que está dispuesto a someterse al control del Senado, pero solo cuando la agenda de los ministros lo permita. La pretensión del Ejecutivo es que los titulares de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; Asuntos Exteriores, José Manuel Albares —los tres reclamados estos días por la Cámara alta— y Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, comparezcan primero en el Congreso, a petición propia y con más tiempo de por medio, a partir del próximo día 25.
La primera escena del choque institucional entre el Gobierno y el Senado, con mayoría absoluta del PP y presidida por el popular Pedro Rollán, se vivirá este miércoles. La Comisión de Interior se abrirá a las 11 de la mañana con la presencia al menos de los senadores populares, pero no del llamado a dar explicaciones, Grande-Marlaska. Fuentes de Interior aseguran que, ya desde la semana pasada, el Senado fue advertido de que este miércoles el ministro tiene que dirigir el dispositivo de protección civil desplegado para el eclipse de sol, informa Óscar López-Fonseca. Y que el departamento comunicó a la Cámara alta que estaba dispuesto a buscar otra fecha a partir de la próxima semana.
Desde el pasado viernes, el tira y afloja ha deparado un incesante cruce de comunicaciones y misivas entre Rollán, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y los ministros. Este martes derivó en un episodio desconcertante. Fuentes oficiales del PP se apresuraron a anunciar que habían llegado a un acuerdo con Margarita Robles para que ofreciese las explicaciones solicitadas y que, por tanto, trasladaban al próximo martes la cita con ella, prevista en principio para este jueves. Los populares se jactaban de que sus “presiones” habían “surtido efecto” y anunciaban que seguirían “trabajando para que Marlaska y Albares salgan de su rebeldía democrática, dejen de menospreciar al Senado y cumplan con su responsabilidad (…) ante una situación de emergencia nacional”.
El pretendido acuerdo no fue confirmado por el Gobierno. Robles había enviado una carta a Rollán en la que —en una línea parecida a la de Marlaska— le comunicaba que el jueves no podría acudir porque tiene que supervisar el despliegue del Ejército en Ceuta, adonde se desplaza este miércoles. La titular de Defensa simplemente añadía su “plena disposición a buscar otra fecha que sea compatible con los compromisos fijados en agenda”. Rollán devolvió la comunicación, aludió a una conversación telefónica entre ambos, aplazó la cita hasta el martes 18 y agradeció a Robles “el diálogo y el entendimiento”. La ministra comunicará este miércoles si atiende la nueva convocatoria, precisó el Gobierno. Las fuentes consultadas anticipan que volverá a aplazarla.
En el ir y venir de comunicaciones, el presidente del Senado, cuarta autoridad del Estado, ha advertido a los ministros con tomar medidas si incumplen su obligación de acudir a las comisiones a las que están llamados. Según las fuentes jurídicas consultadas, poco más podría hacer Rollán que llevar el asunto al Tribunal Constitucional y esperar meses o años a que resuelva. En 2016, el Congreso, presidido por el socialista Patxi López, planteó un conflicto similar contra el Gobierno de Mariano Rajoy, que se negó a comparecer durante 10 meses alegando que estaba eximido por encontrarse en funciones. El Constitucional dio la razón a la Cámara baja y ratificó la obligación de que el Ejecutivo se someta al control parlamentario. Pero lo hizo dos años y medio después, cuando el presidente ya era Pedro Sánchez y la resolución carecía de efectos prácticos.
El Senado ha acudido reiteradas veces al Constitucional en esta legislatura, contra el Congreso y contra el Gobierno. A principios de año, lo hizo después de que Sánchez se negase a comparecer por la tragedia ferroviaria de Adamuz y enviase en su lugar al ministro de Transportes, Óscar Puente. De momento, el tribunal de garantías lo ha admitido a trámite. Entonces, según fuentes parlamentarias, la asesoría jurídica de la Cámara alta llegó a insinuar en una junta de portavoces una posible acción penal. No se concretó porque no hay ninguna ley que lo sustente. Solo están previstas sanciones penales para quienes desobedezcan el mandato constitucional de testificar ante las comisiones de investigación.
La obligación de los miembros del Gobierno de comparecer en las Cámaras presenta un caso parecido a la que compromete al Ejecutivo a presentar Presupuestos cada año, como explica un experimentado letrado de las Cortes: ambas cosas las estipula la Constitución, pero no existe un mecanismo para forzar que se cumplan ni se prevé sanción por no hacerlo. El Gabinete de Sánchez aduce que prefiere acudir primero al Congreso, entre otras razones, porque la Cámara baja tiene prevalencia al ser la que elige al presidente del Gobierno. Es una cuestión controvertida. La Ley Fundamental reconoce las facultades de fiscalización del Ejecutivo tanto al Congreso como al Senado. La prueba es que ambas cámaras celebran periódicamente sesiones de control.
El Gobierno no está obligado a responder a través del miembro del Gabinete que señale la oposición. Suele ocurrir que algunas preguntas se desvíen a un destinatario diferente. Como tampoco es obligado acudir en las fechas que marque la Cámara. Normalmente se suele pactar en función de las agendas ministeriales. A no ser que el asunto derive en un choque institucional como este que mantiene anormalmente viva la actualidad parlamentaria en pleno agosto.
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