Si las paredes de Salón de Plenos del Tribunal Supremo hablaran podrían dar cuenta de episodios funestos de España. Allí se vieron los recursos contra la sentencia del intento de golpe de Estado del 23-F y se juzgaron el secuestro de Segundo Marey -la primera acción atribuida a los GAL- o el pulso entre el Estado y los líderes independentistas del procés. Pero, probablemente, nunca hasta ahora habían asistido esas paredes, tan enteladas y solemnes, a una mezcla de vodevil y grotescos indicios de connivencia público-privada como la que se ha narrado en el juicio por el amaño de contratos de mascarillas durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El fiscal Anticorrupción lo ha hecho valer en su informe final al explicar por qué reclama penas tan altas para Ábalos y Koldo García (24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente). “La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlo”, ha afirmado Alejandro Luzón, quien ha tratado de convencer al tribunal de que el exministro, su asesor y el empresario Víctor de Aldama conformaron “una verdadera organización criminal” cuyo objetivo era obtener un beneficio “al socaire del cargo que ostentaba Ábalos”. Las defensas del exministro y quien fuera su asesor han pedido la absolución y han reprochado la falta de pruebas contra ellos, mientras que la de Aldama ha reclamado una mayor rebaja de pena y ha defendido la relevancia de su colaboración.
El exministro lamenta su “presunción de culpabilidad” y dice ser víctima de un “proceso inquisitorial”
Si las paredes de Salón de Plenos del Tribunal Supremo hablaran podrían dar cuenta de episodios funestos de España. Allí se vieron los recursos contra la sentencia del intento de golpe de Estado del 23-F y se juzgaron el secuestro de Segundo Marey -la primera acción atribuida a los GAL- o el pulso entre el Estado y los líderes independentistas del procés. Pero, probablemente, nunca hasta ahora habían asistido esas paredes, tan enteladas y solemnes, a una mezcla de culebrón y grotescos indicios de connivencia público-privada como el que se ha narrado en el juicio por el amaño de contratos de mascarillas durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El fiscal Anticorrupción lo ha hecho valer al exponer su informe final y explicar por qué reclama penas tan altas para Ábalos y Koldo García (24 y 19 años y medio de cárcel, respectivamente). “La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlo”, ha afirmado Alejandro Luzón, quien ha tratado de convencer al tribunal de que el exministro, su asesor y el empresario Víctor de Aldama conformaron “una verdadera organización criminal” cuyo objetivo era obtener un beneficio “al socaire del cargo que ostentaba Ábalos”. Las defensas del exministro y quien fuera su asesor han pedido la absolución y han reprochado la falta de pruebas contra ellos, mientras que la de Aldama ha reclamado una mayor rebaja de pena y ha defendido la relevancia de su colaboración.
El primer juicio del caso Koldo ha quedado este miércoles visto para sentencia tras 14 sesiones en las que han testificado más de 70 personas, entre cargos públicos, funcionarios, empresarios y allegados de los acusados. La vista loa han cerrado Ábalos y Koldo García, quienes, al contrario que Aldama, han querido hacer uso de su turno de última palabra. Y lo han hecho para lanzar un duro alegato contra la investigación y la instrucción judicial que les ha sentado en el banquillo. El exministro se ha quejado de que nunca ha disfrutado de presunción de inocencia porque siempre hubo contra él “presunción de culpabilidad” y que cuando ha tenido que declarar sentía que sus respuestas “le daban igual” a los investigadores. Ábalos ha reprochado también al Supremo y a la Fiscalía que cuando le ofrecieron colaborar con la justicia se partía de que tenía que confesar delitos. “¿Qué se entiende entonces por colaboración? ¿Es confesión? Si se me juntan la hipótesis de culpabilidad y la confesión como última fase del proceso es que eso es un proceso inquisitorial”, ha afirmado Ábalos, que ha denunciado también ante el tribunal que el juez instructor le convocó a una vista para revisar sus medidas titulares con la amenaza de mandarle a la cárcel para intentar “intimidarle”.
“Se me juzga más como persona que por hechos”, ha expresado el exdirigente socialita, que se ha presentado como víctima de “una causa general” en la que, después de mucho buscar, solo se le han contratado que propició dos contratos temporales para mujeres vinculadas a él. “Todo lo que se me reprocha son dos contratos y porque son dos señoritas”, ha dicho, antes de dirigirse sin mirarlo a Aldama: “Qué mal le he podido hacer para desearme tanto daño”.
El antiguo asesor ministerial ha usado ese último turno para acusar al abogado del PP de haberle ofrecido que la causa quedara “en nada” a cambio de “engañar a todos los españoles”. El letrado de los populares, que dirige la acusación popular, también le sugirió, según García, que, si no se avenía a confesar (“mentir”, según el antiguo asesor), su expareja y su hermano, imputados en la Audiencia Nacional, también van a acabar en la cárcel. Y eso es lo que, a su juicio, sí ha aceptado el empresario. “Aldama está viviendo a costa de todos nosotros porque ha metido a Ábalos y Koldo García en la cárcel con mentiras y esto es una realidad, es la única verdad. Porque el único que tiene sociedades fuera de España, viviendo a costa de todos los españoles es él, no yo”, ha lamentado quien fuera mano derecha de Ábalos. El antiguo asesor ha insistido en que durante su etapa en el ministerio se entregó para intentar “ayudar” a todo el que se lo pidiera, incluido Aldama, pero que nunca se ha llevado dinero. “Señores, les garantizo que lo que digo lo puedo demostrar. No tengo dinero, no he recibido ninguna dádiva, me he matado a trabajar. Eso lo sabe Aldama, la cuestión está en que él ha elegido el camino fácil”.
La vista oral no ha movido ni un milímetro la posición con la que llegaba cada parte, excepto la del abogado del PP que considera que la colaboración de Aldama para esclarecer los hechos merece un premio mayor que los siete años en los que Anticorrupción ha fijado la pena que pide para el empresario. La acusación popular ha defendido que la atenuante de confesión se le aplique en grado muy cualificado y ninguno de los delitos se le castigue con más de dos años de cárcel, lo que abriría la puerta a que no pisara la prisión.
El fiscal ha mantenido la petición de siete años para el comisionista, pero no se ha opuesto a la opción planteada por la acusación popular y ha dejado la decisión en manos del tribunal. Luzón, en una intervención de casi dos horas, sí ha defendido que la ayuda del comisionista ha sido decisiva para avanzar en la investigación aunque ha asumido que el empresario ha adornado su confesión con acusaciones sin pruebas y que no merecen ningún crédito para la Fiscalía. “Desde luego, no era el numero 1 el presidente del Gobierno como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama”, ha afirmado Luzón respecto al señalamiento de Pedro Sánchez que hizo el acusado en su declaración ante el tribunal la semana pasada.
Anticorrupción y la acusación popular han intentado demostrar durante la vista que Ábalos, García y el empresario activaron una maquinaria de favores donde los dos primeros pusieron su poder e influencia a disposición de Aldama a cambio de contraprestaciones en dinero y en especie. Cada uno tenía un papel “esencial”, ha explicado el fiscal Alejandro Luzón, quien ha recordado que, aunque Ábalos haya intentado situarse en un segundo plano más pasivo que activo, el ministro es “la persona de quien dependen las decisiones” y su actuación fue indispensable para cumplir los objetivos de la trama. Para la ejecución material de los delitos el entonces ministro contaba con “el fidelísimo” Koldo García, mientras que Aldama fue, según el ministerio público, “la persona que, en beneficio propio y de terceros”, aprovechó la influencia del ministro y su asesor. “Era el elemento conductor”, ha afirmado Luzón.
Frente a las dudas expresadas por las defensas de Ábalos y Koldo sobre la falta de evidencias para condenarles, Anticorrupción sostiene que la prueba expuesta en el juicio ha sido “abundantísima, en verdad demoledora”. El fiscal considera que no solo han quedado acreditados hechos como el enchufe en empresas púbicas de mujeres vinculadas a Ábalos o que el exministro y su entorno disfrutaron de casas pagadas por empresarios, sino también que Aldama entregó 10.000 euros al mes entre 2019 y 2022 a sus ahora compañeros de banquillo. Luzón ha puesto de relieve el hecho de que el propio empresario lo haya reconocido así, ”admitiendo la comisión de un grave delito de cohecho”, a lo que el fiscal suma las reuniones periódicas entre el comisionista y Koldo García o su hermano Joseba; las notas en las que Aldama apuntó como gasto 10.000 a K. o a “grandu”, como llamaban al asesor ministerial; conversaciones entre empresarios en las que se habla de pagos a Koldo; y el incremento patrimonial del asesor y su familia.
Para Anticorrupción, la justificación dada por las defensas a cada una de estas evidencias es “insuficiente” y “tan pueril que resulta entre patética y conmovedora”. Luzón ha cargado contra el argumento de los abogados de que no hay rastro del dinero supuestamente obtenido de las mordidas y se ha dirigido directamente a Ábalos, que en su declaración puso el foco en que los 94.000 euros de gastos sin justificar hallados por la UCO en sus cuentas sea todo lo que tienen los investigadores sobre “el gran caso de corrupción de las mascarillas”. “Sabemos que Ábalos no precisa de sus cuentas para atender a sus necesidades y Koldo se escandaliza de que se haya gastado más de 400.000 euros en dos años”, ha apuntado el representante del ministerio, que incluso ha dejado un resumen de su tesis en versión folclórica: “¿De dónde saca pa tanto como destaca?”, ha dicho citando el cuplé La chica del 17.
Ábalos y Koldo García han seguido atentos la intervención del fiscal, tomando notas, negando con la cabeza y levantándose de su banco continuamente para hablar con sus abogados, sentados delante de ellos. Ambas defensas han negado en sus intervenciones la existencia de la organización criminal que ven las acusaciones y que ha admitido Aldama, cuyo abogado, el exmagistrado José Antonio Choclán, ha rechazado que fuera el empresario quien se acercara al ministro y su asesor para corromperlos, sino que estos lo integraron a él en la red que habían empezado a tejer, con la participación de Santos Cerdán (imputado en una de las causas que se investigan en la Audiencia Nacional) antes de que Ábalos llegara a Transportes. “No es que Aldama intente doblegar la voluntad de un funcionario público, sino que el funcionario busca un Aldama”, ha expuesto Choclán, quien sostiene que “había otros aldamas” en el País Vasco o Andalucia, en referencia a empresarios imputados por supuestas comisiones en obras adjudicadas por Transportes en esas comunidades.
La defensa de Ábalos ha rechazado esta versión recordando que el propio empresario afirmó en su declaración que empezó a entregar prebendas al ministro y su asesor como una especie de “siembra” para luego recoger frutos. “Quien estaba intentando penetrar dentro de la organización? El jefe, quien actúa de forma proactiva para obtener los contratos es Aldama”, ha señalado el abogado Marino Turiel, evocando la tesis de la UCO que dio que el comisionista era el jefe que pagaba y exigía”. El letrado ha explicado también por qué, el primer día de juicio, él, suave y cortés en las formas, le preguntó a Jésica Rodríguez si se dedicaba a la prostitución, una intervención que ha sobrevolado toda la vista y que le han reprochado la acusación popular y la defensa de Aldama. Las defensas de Ábalos y Koldo se han afanado en demostrar que fue el empresario el que les presentó a Jésica, un detalle al que Anticorrupción no da importancia, pero que pala los abogados sí la tiene porque abona su teoría de que la mujer fue “gancho de Aldama” para el entonces ministro. Y por eso, ha razonado este miércoles Turiel, el empresario pagó, a través de su socio Luis Alberto Escolano, el piso en el que la mujer vivió durante casi tres años, incluso siguió haciéndose cargo del alquiler después de que se rompiera la relación sentimental con Ábalos. “¿A quién le interesa que esta chica siga allí?”, ha preguntado Turiel. “No se trata de desmerecer a esta mujer sino de establecer relación mercantil [con Aldama]”.
El abogado, con una exposición ordenada y minuciosa, ha defendido la legalidad de los contratos de mascarillas y que “no hay rastro” de que Ábalos cobrara comisiones. “El ministro no interviene en los contratos, hay una descentralización y la compra reside en Puertos y Adif. Hay diferenciación entre quien firma la orden ministerial y quien contrata, y es fundamental porque quien contrata tiene la decisión de a quien, cómo y a qué precio”, ha expuesto el abogado. Ábalos reconoció en su declaración que fue él quien elevó de cuatro millones a ocho el número de mascarillas que Puertos compró a la empresa vinculada a Aldama, pero sostuvo que fue una “decisión política” basada en que esa era la cantidad que los técnicos estimaban como necesaria para un mes. Turiel ha abundado en este argumento defendiendo que fue “una decisión política legítima”.
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