El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha defendido este miércoles en su informe final ante el Tribunal Supremo por el juicio sobre la trama de mascarillas del caso Koldo que “es posible” premiar aún más la confesión del presunto conseguidor, Víctor de Aldama, tal y como plantean la acusación popular que lidera el PP y su propia defensa. El fiscal sopesó esta posibilidad hasta el último momento pero, tras debatirlo con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, esta optó por mantener la bonificación ya contemplada para el empresario, que implica pedirle siete años de cárcel frente a los 24 que reclama el ministerio público para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y los 19 años y medio para su exasesor, Koldo García.
Anticorrupción lo sopesó, pero la fiscal general decidió mantener la rebaja inicial en la petición de pena: siete años de cárcel
El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha defendido este miércoles en su informe final ante el Tribunal Supremo por el juicio sobre la trama de mascarillas del caso Koldo que “es posible” premiar aún más la confesión del presunto conseguidor, Víctor de Aldama, tal y como plantean la acusación popular que lidera el PP y su propia defensa. El fiscal sopesó esta posibilidad hasta el último momento pero, tras debatirlo con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ésta optó por mantener la bonificación ya contemplada para el empresario, que implica pedirle 7 años de cárcel frente a los 24 que reclama el ministerio público para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y los 19 años y medio para su exasesor, Koldo García.
“Es posible, como hace la acusación popular, apreciar la atenuante como muy cualificada, y es también admisible, lo hace también su defensa, apreciar la atenuante privilegiada”, ha dicho Luzón en la parte final de su informe, dedicada a hacer valer la declaración de Aldama.
Sin embargo, en sus conclusiones definitivas no reflejó esta posibilidad. Confirmó las presentadas inicialmente, que ya implicaban una significtava reducción de las penas interesadas para el empresario respecto a las de sus dos compañeros de banquillo. Fuentes fiscales explican que esta alternativa estaba sobre la mesa pero, después de valorarlo tanto con Peramato como con otros fiscales, la jefa del ministerio público decidió mantener la posición original. Luzón, que podría haberse rebelado, se decantó por no hacerlo y asumió como propia la decisión plasmándola en su petición defitinitiva al tribunal. En esos papeles, donde las pequeñas enmiendas aparecen en color rojo, se ven destacados de esa manera los 4 años de prisión que propone por el delito de organización criminal y los 3 por el de cohecho. A eso suma el de aprovechamiento de información privilegiada, por el que no exige cárcel. También en ese color luce la frase que resume su alegato sobre Aldama: “Este reconocimiento de los hechos ha sido mantenido y completado”. El PP, por su parte, sí restó, pasando de esos mismos 7 años a solo 5, por un catálogo mayor de delitos: organización criminal y cohecho, como autor; y tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa, como inductor.
El fiscal ha argumentado que la colaboración del “pentito”, del “arrepentido” del “coimputado”, como se ha referido a Aldama, “es una sentida necesidad de política criminal para conseguir la obtención de una prueba de unos delitos que de otra forma difícilmente puede ser alcanzada”, entre los que ha apuntado el de cohecho, uno de los cinco por los que acusa a los otros dos acusados, Ábalos y Koldo. Y por eso, ha subrayado Luzón, esta colaboración con la justicia y el premio que conlleva no solo están “avalados” por la normativa española e internacional sino “incentivados”. “Si queremos combatir las organizaciones criminales y la corrupción, debemos compensar de verdad a quienes salen y lo denuncian, de otra forma la ley del silencio (…) se impondrá”, ha alertado.
No obstante, el jefe de Anticorrupción se ha mostrado consciente de que las palabras de un acusado no pueden considerarse “prueba en sí misma”, algo sobre lo que también ha citado amplia doctrina. Pero frente a ello ha reivindicado que las afirmaciones de Aldama están “plenamente corroboradas” por “otros elementos probatorios”, tales como las conversaciones por teléfono y WhatsApp entre los acusados y con sus respectivos entornos; los testimonios escuchados durante la instrucción y el juicio; y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que también ha defendido firmemente, hasta el punto de decir que “la Fiscalía está orgullosa” de su trabajo y “los ciudadnos españoles también deben estarlo”. Con todo, ha esgrimido que “la prueba es tan abundante” que la confesión de Aldama “no es decisiva para muchas conductas” que se han juzgado pero sí para “avanzar en otros aspectos de la investigación” que, si bien no ha nombrado, incluyen otra presunta trama, la de amaño de obra pública que se investiga en la Audiencia Nacional con otro ex secretario de Organización del PSOE como investigado, Santos Cerdán.
Asimismo, Luzón ha aprovechado para sacar pecho por la actuación del ministerio público. “Por tanto, frente a la cansina letanía del pacto con el fiscal, lo único que hay por parte de la Fiscalía es la estricta aplicación de la ley”, ha aseverado, enfatizando que no necesita de “negociaciones”, que ha apostillado que en todo caso serían “legítimas”. Al hilo, ha recordado que en estos momentos el ministerio fiscal acusa “en tres juicios muy distintos de corrupción política” ―Koldo, Kitchen y el clan Pujol―, por lo que ha concluido que, “30 años después del juicio por el caso Roldán, “la Fiscalía no tiene nada por lo que justificarse”.
Tampoco ha querido dejar de pasar la ocasión de defender lo público y cargar duramente contra la “corrupción política”, “organizada nada menos que desde un ministerio del Gobierno de España”, porque “está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas que estos delincuentes pervierten poniéndolas a su servicio”. A renglón seguido, el fiscal ha lanzado otro mensaje, dirigido a los “poderes públicos que normalizan o minimizan las conductas de corrupcion o descalifican a quienes tienen la responsabilidad de perseguirlas”, cuya actuación ha estimado que socava el Estado de Derecho y la separación de poderes. “La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente puede frenarlo”, ha advertido. Por todo ello, ha instado al tribunal a imponer las penas recomendadas por la Fiscalía, que ha calificado de “disuasorias y proporcionales” a la gravedad de las conductas juzgadas.
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