La extrema derecha europea lleva años defendiendo la llamada “prioridad nacional”, exigiendo una discriminación entre nativos y extranjeros en el acceso a las diversas prestaciones del Estado del Bienestar. Ahora Vox ha conseguido que este planteamiento forme parte de sus pactos autonómicos con el Partido Popular, apelando a la lógica de “los españoles primero”.
Favorecer el acceso a determinadas prestaciones sociales en función del lugar de origen no es ético ni legal. Tampoco es inteligente desde el punto de vista económico
La extrema derecha europea lleva años defendiendo la llamada “prioridad nacional”, exigiendo una discriminación entre nativos y extranjeros en el acceso a las diversas prestaciones del Estado del Bienestar. Ahora Vox ha conseguido que este planteamiento forme parte de sus pactos autonómicos con el Partido Popular, apelando a la lógica de “los españoles primero”.
Hay muy sólidos motivos para oponerse a este planteamiento: ni es ético, ni es legal, ni es inteligente desde el punto de vista económico.
La llamada “prioridad nacional” pretende convertir una circunstancia éticamente arbitraria —el lugar de nacimiento— en criterio de distribución de derechos y recursos, tensionando un principio central de las democracias liberales: todas las personas tienen igual valor moral y todos los ciudadanos comparten los mismos derechos fundamentales. El lugar de nacimiento no puede ser un mérito en una sociedad libre.
Priorizar el acceso a determinadas prestaciones sociales en función del lugar de origen introduce un criterio de pertenencia grupal —una forma de exclusión institucionalizada— que se aparta de los principios básicos de igualdad. Esta discriminación no guarda relación directa con la necesidad, el esfuerzo o la contribución, y no cabe ni en el ordenamiento jurídico español, ni en el europeo.
Pero además —y por si los argumentos anteriores no tuviesen suficiente peso—, impulsar la “prioridad nacional” tendría importantes costes para nuestra economía.
La inmigración está siendo un motor clave del intenso crecimiento económico que experimenta España desde hace un lustro. Sin la contribución de los inmigrantes, la expansión habría sido más modesta, y la creación de empleo seguramente se habría estancado en un contexto de rápido envejecimiento de la población y disminución de la oferta de trabajo nativa. De hecho, el 43% de los empleos creados tras la reforma laboral ha sido de trabajadores extranjeros.
Algunos analistas plantean que este crecimiento económico está siendo puramente extensivo: el PIB de España crece porque llegan trabajadores de fuera y esto aumenta el tamaño de la economía, pero sin embargo la renta por habitante no crece. Esto es sencillamente falso.
La dimensión extensiva del crecimiento está siendo ciertamente importante —actualmente explica en torno a dos tercios del avance del PIB—, pero no es el único vector de crecimiento. Según un reciente estudio del Banco de España, entre 2022 y 2024 el PIB per cápita creció un 2,9% al año y los extranjeros aportaron entre el 14% y 24% de dicho crecimiento (según midamos la población inmigrante con el criterio de nacionalidad o con el del país de origen). Obsérvese que no se trata de un mero aumento del PIB, sino de un crecimiento del PIB por habitante. Es decir, los extranjeros han hecho que los nacionales seamos más ricos, colaborando en el desarrollo del país.
La integración laboral de la población inmigrante se ha producido además sin tensiones, puesto que se ha caracterizado por la complementariedad: los extranjeros se han concentrado en sectores de cualificación media y baja (como el comercio, la construcción, la hostelería, la agricultura o los servicios domésticos), al tiempo que los trabajadores autóctonos aumentaron su presencia en ocupaciones altamente cualificadas, y en sectores como la administración pública, el sector financiero, las telecomunicaciones y otros servicios avanzados.
De este modo, la población extranjera se ha concentrado en sectores que declaran tener notables dificultades para cubrir sus necesidades de mano de obra, lo que ha permitido un crecimiento sin cuellos de botella, facilitando la expansión de actividades que, sin esta aportación, se habrían enfrentado a importantes restricciones.
Es más, la notable llegada de población inmigrante no ha impedido que el desempleo se redujese tras la pandemia en 700.000 personas, con una disminución concentrada casi exclusivamente en población española.
La “prioridad nacional”,además de hundirnos en el envilecimiento moral, haría que los españoles viviésemos peor. Ahora bien, a la hora de afrontar esta cuestión, no basta con explicar las falacias del nacionalismo nativista. Hace falta entender por qué tanta gente lo apoya y cambiar el sustrato socioeconómico en el que florece.
En numerosas ocasiones se explica el ascenso del populismo de derechas como la “reacción identitaria” de ciertos sectores sociales ante cambios como la inmigración, la diversidad cultural o nacional, la igualdad de género o el deterioro de los valores tradicionales. Sin embargo, esta explicación —que sin duda tiene su importancia— pasa por alto un factor aún más importante: el proceso de globalización, las recurrentes crisis económicas y las políticas neoliberales de las últimas décadas han dejado una estela de malestar social, riesgos e inseguridades económicas que han cristalizado en un descontento generalizado y en una erosión de la confianza institucional. Este fenómeno ha adoptado rasgos diferentes en los distintos países, pero el sustrato es común.
Las encuestas de opinión, tanto en España como en Europa, vienen revelando desde hace años que los grupos sociales que experimentan una “reacción identitaria” ante los cambios contemporáneos son notablemente más minoritarios que los que —desde posiciones más tolerantes a la inmigración— pueden experimentar inseguridad económica ante el contexto actual. El éxito electoral de la extrema derecha no radica en movilizar a los primeros, sino en su capacidad para atraer a sectores cada vez más amplios de los segundos.
Así, no podemos aspirar a que el populismo nativista deje de movilizar a estos sectores sociales si antes no se garantiza un entorno de seguridad y certeza económica, que reduzca la ansiedad social y redistribuya los riesgos a los que hoy se enfrentan las clases medias y trabajadoras. La política económica de este Gobierno ha intentado hacerlo y muchos hogares –especialmente los más vulnerables– han mejorado su situación en estos años. Pero persisten situaciones de inseguridad económica y de precariedad social.
Recientemente Kiko Llaneras explicaba en su newsletter que los salarios llevan décadas estancados en España. Y efectivamente así es, aunque sería injusto no ver que ha habido periodos muy distintos en esta trayectoria: entre 1995 y 2017 el salario medio real perdió capacidad adquisitiva y se redujo un 2,1% en España, mientras que en la eurozona avanzaba un 10,3%. Sin embargo, entre 2018 y 2025 —con las subidas del SMI y la reforma laboral de Yolanda Díaz—, dicho salario medio real creció un 6,1%, mientras que en la Eurozona se incrementó un 3%.
Reconstruir nuestro maltrecho contrato social no es tarea de un día. Lo que hace falta es persistir en la actual tendencia salarial —y no quebrarla—, así como atender aquellos retos que han quedado descuidados. Es crucial asegurar que los salarios crezcan con la productividad —y no queden descolgados, como en décadas anteriores—, seguir fortaleciendo los servicios públicos, avanzar en una prestación universal de apoyo a la crianza, y afrontar de una vez el enorme problema de la vivienda. Estas son medidas que permitirán reducir la ansiedad social que hoy dirige el descontento hacia el nacionalismo nativista y, con ello, también será la mejor forma de proteger nuestra democracia.
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