Tras varias semanas intentando pactar una solución para abordar con rapidez el relevo de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, y de los tres puestos de vocales vacantes, el Consejo de Ministros acordó este martes proponer como presidente al catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Juan José Ganuza; y como consejeros, a Carmen Balsa (a propuesta del PSOE); Joan Capdevila (de ERC) y Marina Echebarría (por Sumar), en sustitución de Pilar Sánchez, que dimitió de su cargo el pasado enero; Josep María Salas y Carlos Aguilar, respectivamente.
El futuro presidente de organismo, Juan José Ganuza, se enfrenta a los 66 expedientes sancionadores incoados a las eléctricas a raíz del apagón y a la investigación por presuntas prácticas anticompetitivas a los seis grandes bancos
Tras varias semanas intentando pactar una solución para abordar con rapidez el relevo de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, y de los tres puestos de vocales vacantes, el Consejo de Ministros acordó este martes proponer como presidente al catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Juan José Ganuza; y como consejeros, a Carmen Balsa (a propuesta del PSOE); Joan Capdevila (de ERC) y Marina Echebarría (por Sumar), en sustitución de Pilar Sánchez, que dimitió de su cargo el pasado enero; Josep María Salas y Carlos Aguilar, respectivamente.
La propuesta ha estado a punto de naufragar, no tanto por las exigencias de Junts, que reclamaba un segundo consejero por considerar que el que nombró en su día, Pere Soler, le traicionó al votar en el pleno del organismo a favor de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, como por las diferencias internas en el propio Gobierno. En el Ejecutivo de Pedro Sánchez han coincidido en dos puntos: la necesidad de acelerar el acuerdo para designar al candidato a la presidencia de la CNMC y pactar los nuevos consejeros con los grupos políticos correspondientes; y en evitar un perfil como el de la presidenta saliente, cuyo mandato terminó el pasado día 17, sin haber cumplido las expectativas del Gobierno. Cani Fernández fue propuesta, hace seis años, por la entonces vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, con la que, de hecho, tenía una estrecha relación.
Esta decepción, que se ha atribuido a la mala gestión por parte de Economía, ministerio del que depende este organismo regulador y supervisor, ha llevado a Moncloa a imponer esta vez a su candidato (“un catedrático de prestigio, progresista y tranquilo”, según fuentes políticas), frente a los perfiles planteados por el departamento que dirige Carlos Cuerpo, donde impera el poder de los técnicos comerciales y economistas del Estado (los llamados tecos), adecuados técnicamente pero no tanto institucionalmente, según las mismas fuentes.
El debate en el Gobierno se ha bifurcado entre un perfil técnico o político, cuando la frontera nunca es muy precisa. En cualquier caso, se ha buscado (al menos sobre el papel) un candidato que reuniese la cualificación y experiencia institucional y regulatoria y una visión de la intervención pública en la economía. Hasta el pasado fin de semana, seguían encima de la mesa dos candidatos, uno de ellos Ganuza. El equipo de Cuerpo se ha tenido que conformar con la consejera Carmen Balsa, precisamente teco, y la más ligada a este departamento, en el que fue jefa de Gabinete de la propia Calviño.
La situación que va a heredar el nuevo presidente de la CNMC es de todo menos fácil. En contra de lo que es habitual en el caso de los presidentes de los reguladores, que suelen mantener un perfil bajo en los últimos meses de su mandato, Cani Fernández se ha venido arriba en su recta final. A partir del 17 de febrero, la Comisión empezó a incoar 66 expedientes sancionadores a grandes y medianas eléctricas y al operador del sistema, REE, en el marco del apagón de abril de 2025, pero sin relación directa con el mismo (salvo en el último caso). Estos expedientes deberán ser resueltos por el nuevo equipo (y los seis consejeros que continúan su mandato) en un plazo máximo de 18 meses.
En el área de Energía, el organismo se enfrenta también a las demandas que han presentado las grandes distribuidoras eléctricas en los tribunales contra las circulares sobre la retribución de las redes de distribución aprobadas por el Pleno a finales de año para el nuevo periodo regulatorio 2026-2031. En el caso de las circulares de retribución de las redes de gas (más generosa en el caso de las de transporte, de Enagás), Cani Fernández ha querido acelerar una propuesta antes de su cese, que se remitirá al Consejo de Estado esta semana. No obstante, el nuevo consejo será el encargado de aprobar la versión final.
No conforme con este alud de expedientes eléctricos, la semana pasada, el organismo abrió también expediente informativo a los seis grandes bancos del Ibex (Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell), por presuntas prácticas anticompetitivas relacionadas con sus hipotecas.
El regulador ha protagonizado además este año una fricción con Aena, a cuenta de las nuevas tarifas aeroportuarias: mientras esta compañía reclamaba una subida anual del 3,8%, la CNMC planteó un 0,59%, un término medio entre la petición de la compañía pública y las aerolíneas. El asunto está visto para la sentencia del Gobierno.
Con estos candidatos, cuyo nombramiento debe pasar por la Comisión de Economía del Congreso y, de nuevo, por el Consejo de Ministros, se intensifica el sesgo de competencia de un organismo que comparte, a través de dos salas, la Autoridad de Competencia y la supervisión regulatoria de varios sectores, el mas laborioso, el de Energía. Aunque Juan José Ganuza “es experto en regulación de mercado, economía digital y contratación pública”, según destaca el comunicado del Gobierno, y también Capdevila es conocedor del sector, hay consenso en que en el organismo hay un déficit de expertos en energía, lo cual, “da más poder a los técnicos”, según fuentes del sector.
Una incógnita abierta es qué ocurrirá con la directora de Energía, Rocío Prieto, responsable de los técnicos de esta área, y persona de confianza de Cani Fernández. Precisamente, en el último mes, la aún presidenta del organismo, la propuso como secretaria ejecutiva de la asociación de reguladores iberoamericanos (Ariae) y como representante de la CNMC en el consejo de la homónima europea de aquella, ACER.
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