Mientras se prepara a las nuevas generaciones para asumir un papel preponderante, las instituciones básicas destinadas a formarlas, en especial las escuelas públicas rurales, siguen en el abandono Leer Mientras se prepara a las nuevas generaciones para asumir un papel preponderante, las instituciones básicas destinadas a formarlas, en especial las escuelas públicas rurales, siguen en el abandono Leer
En una resolución judicial de amplio calado, el Tribunal Superior de Rajastán ha sacado a la palestra la profunda brecha entre las aspiraciones de modernidad del país y la realidad de muchos de sus jóvenes, según informa la agencia india PTI. El juez Anoop Kumar Dhand ha decidido intervenir ante lo que califica de «vulnerabilidades sistémicas» que comprometen el porvenir de las generaciones Z, Alfa y Beta. A través de un dictamen exhaustivo, el magistrado ha ordenado tanto al Gobierno central como al ejecutivo estatal de Rajastán que presenten informes detallados de situación y planes de choque inmediatos antes de que las deficiencias estructurales en educación, salud y bienestar hipotequen de manera irreversible el capital humano de la nación.
La intervención del juez llega en un momento clave para el horizonte del país, que proyecta a su juventud para liderar el centenario de la independencia en 2047. Sin embargo, el Tribunal Superior de Rajastán advierte sobre una contradicción: mientras se prepara a las nuevas generaciones para asumir ese papel preponderante, las instituciones básicas destinadas a formarlas, en especial las escuelas públicas rurales y de aldeas, continúan en el abandono. Los niños, recalcó el juez Dhand en su argumentación, «constituyen las flores del jardín nacional» y su protección integral, formación y cuidado representan un deber prioritario del Estado.
Su diagnóstico sobre los colegios públicos resulta demoledor. Gran parte de estos centros carece de infraestructura básica, suministros médicos, aseos dignos o acceso a tecnologías emergentes. Por ello, el magistrado ha exigido a las administraciones mencionadas un plan de acción urgente para dotar a todas las escuelas rurales de baños funcionales diferenciados por género, agua potable, red eléctrica con sistemas de respaldo de energía, muros perimetrales de seguridad y patios con equipamiento deportivo adecuado que garantice el desarrollo físico.
A estas carencias materiales se suma la escasez crónica de personal cualificado. El juez Dhand ha ordenado convocatorias especiales de contratación para cubrir vacantes docentes y directivas, además de incorporar orientadores, instructores de educación física y profesores de informática. Para vigilar el cumplimiento de la orden, la Comisión Estatal de Rajastán para la Protección de los Derechos del Niño y los recaudadores de distrito deberán realizar inspecciones en un plazo de ocho semanas y elevar sus conclusiones a la corte. Asimismo, el tribunal demandó un mecanismo sólido contra las filtraciones masivas de exámenes oficiales, una lacra que dinamita la meritocracia y agrava la frustración juvenil ante el desempleo, la inseguridad de la economía colaborativa, la ansiedad climática y el coste de vida.
En el plano tecnológico, aboga por un equilibrio riguroso. Aunque promueve el programa Digital Z-Alpha-Beta para llevar internet y aulas inteligentes a las aldeas más remotas, el juez advirtió de que la dependencia desmedida acarrea consecuencias irreversibles en el aprendizaje. El juez alertó de que el uso excesivo de contenidos generados por inteligencia artificial y herramientas de conversión de voz a texto amenaza con mermar el pensamiento analítico, la reflexión y la escritura. Por ello, instó a reformar las políticas educativas: la programación y la alfabetización digital deberán convivir con la lectura de libros físicos y los apuntes y los exámenes a mano. En paralelo, exigió fijar límites estrictos al tiempo de uso de pantallas siguiendo los criterios fijados por la OMS.
El último pilar fijado por el juez atañe a la salud infantil. Para atajar la obesidad y las enfermedades derivadas del sedentarismo, ha prohibido la venta de refrescos carbonatados, patatas fritas, productos de panadería con grasas trans y ultraprocesados con alto contenido de azúcar o sal en todas las escuelas del estado, obligando a los comedores a detallar ingredientes y calorías en ocho semanas.
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